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La jurisdicción Indígena

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La disposición contenida en artículo 203 de la Constitución relativa a que la función jurisdiccional es ejercida “con exclusividad absoluta” por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca, con una redacción que se antoja redundante, y para mayor énfasis reforzada con la expresión “ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”, pretende asegurar que la función de impartir justicia corresponda únicamente al Organismo Judicial, para consolidar la separación de poderes y garantizar la certeza jurídica sobre a quién corresponde juzgar.

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En el proyecto de reformas a la Constitución se modifica esta disposición, indicado que las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos y costumbres y que sus decisiones están sujetas al control de constitucionalidad. Quienes, desde diferentes perspectivas y con diversos argumentos se oponen a esta reforma son señalados de ignorantes, racistas, retrógrados, defensores de intereses espurios –típicos argumentos ad hóminem- con lo cual se elude discutir el tema con la necesaria profundidad, objetividad y tranquilidad que amerita un cambio de tal naturaleza.

Cabe señalar que en repetidas ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha reconocido decisiones de carácter judicial tomadas por autoridades indígenas, fundamentándose para ello en las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Dicho convenio señala, por ejemplo, que deben reconocerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales de dichos pueblos y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones, lo que incluye obviamente las instituciones jurídicas.   Subraya que tendrá derecho de conservar sus costumbres e instituciones, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es importante recordar que cuando el Congreso de Guatemala aprobó la ratificación del citado convenio, indicó que esto se hacía a condición de que no violara ninguna disposición constitucional.

“La Corte de Constitucionalidad ha sido siempre muy estricta cuando se trata de revisar disposiciones tributarias.”

La Corte de Constitucionalidad ha sido siempre muy estricta cuando se trata de revisar disposiciones tributarias, aplicando con excesiva rigidez los principios constitucionales relativos a la capacidad de pago, equidad y justicia tributaria, y doble o múltiple tributación, limitando en demasía el espacio fiscal y favoreciendo desmedidamente los intereses del sector empresarial que ha presentado las acciones de inconstitucionalidad. Por ello resulta extraño que no hubiera actuado con igual celo cuando reconoce actuaciones judiciales de autoridades indígenas, que contradicen abiertamente el mandato contenido en el artículo 203, pues solamente serían aceptables si formaran parte del Organismo Judicial. Me parece que se sobrepasó en lo que puede describirse como una acción políticamente correcta, como también sucede ha tomado decisiones sobre las denominadas consultas comunitarias de buena fe, realizadas con respaldo en normas del Código Municipal.

Es indudable que hay fundadas razones para oponerse a que un derecho difuso, totalmente incierto, administrado por autoridades cuya legitimidad democrática -un principio esencial- no está totalmente clara, se conviertan en una jurisdicción especial, que solamente estará sometida a control constitucional, es decir, por la Corte Suprema de Justicia, eliminando el derecho de apelar, ante un tribunal de segunda instancia o ante la misma Corte Suprema de Justicia que, ahora sí definitivamente, deja de ser suprema.

Un apreciado columnista decía que se niega lo que incluso el dictador Ubico y los terratenientes liberales reconocieron, pues permitieron a los alcaldes -no a los alcaldes auxiliares- impartir justicia con fundamento en el derecho consuetudinario. Esto es cierto, pero también lo es que en el Estado liberal oligárquico el principal papel de los alcaldes municipales fue el de servir de primer eslabón de la cadena de reclutamiento de mano de obra forzada para las plantaciones de café y las obras públicas, en forma similar a lo que hicieron desde el inicio del período colonial.

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