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Sentencias de la CC obligatorias y vinculantes

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La Constitución Política de la República de Guatemala, es nuestro contrato social, al constituirse en la norma suprema del ordenamiento jurídico interno, que contiene los principios, valores, derechos fundamentales y garantías que son la base trascendental que sostienen nuestra nación para el cumplimiento de sus fines.

El organismo encargado de hacer cumplir estos fines y de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, así como garantizar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías reconocidas en esa norma superior, es la Corte de Constitucionalidad (CC), entidad que se le ha asignado ese monopolio legal.

Sin embargo, por la conmoción que ha generado la decisión asumida por el Presidente de la República en la presente crisis política y el anuncio que éste hiciera, mucho se ha discutido sobre el impacto, carácter vinculante y cumplimiento obligatorio de sus decisiones.  Se argumenta que  no se obedecerá órdenes ilegales y  se justifica por ello que la decisión gubernamental está apegada a derecho, sin tenerse la facultad legal para realizar esa declaratoria.

La duda ha surgido por lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, el que establece que “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella”.

No obstante la Corte de Constitucionalidad, ha sostenido en el expediente No. 24-87, página No. 37, sentencia del  15 de junio de 1987, contenida en la Gaceta número 4, que “…El artículo 5 de la Constitución Política de la República se refiere a órdenes que no estén basadas en ley y no a resoluciones judiciales que, no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquél que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto, hacer uso de los medios de impugnación que la ley establece para el efecto…”.

De esta interpretación del artículo 5, se puede inferir que lo manifestado por el mandatario atenta contra la seguridad jurídica y la independencia judicial, que se argumenta no hay en el país.

Bajo un argumento falaz no se acata una resolución emitida en el marco de las facultades que la propia Constitución le otorga a la CC, órgano que posee una lógica distinta a los tribunales ordinarios y que viene determinada por la propia naturaleza del proceso constitucional, que no únicamente emite un acto procesal, sino que realiza quehaceres dirigidos a la interpretación e integración creadora del Derecho, emitiendo decisiones de trascendencia política, respondiendo a los principios de fundamentación y  motivación de la decisión.

Las sentencias constitucionales son exigibles, vinculantes y de observancia general nos gusten o no nos gusten, no pueden ser incumplidas porque constituyen una barrera para preservar el estado constitucional de derecho, por lo tanto su incumplimiento sobrelleva consecuencias al omitir deliberadamente su acatamiento al contrariarse el régimen jurídico interno.

Nuestros organismos de Estado deben de someterse al imperio de la ley, porque poseen el deber de enseñar con el ejemplo, pero especialmente ostentan la facultad y el deber Constitucional de  generar escenarios de  seguridad jurídica, los que intencionadamente ahora se pretenden evadir.

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