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Sentido común para manifestar sin violencia

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En la presente semana se anuncian una serie de manifestaciones a nivel nacional. Los paros, las protestas y las huelgas, son  formas clásicas que la ciudadanía recurre para expresar su repudio,  mostrar su preocupación e inconformidad sobre distintas cuestiones públicas o que son de interés de todos.  No se puede negar que es una expresión de censura ciudadana que posee mucha fuerza, porque permite a la colectividad hacerse escuchar en la toma de decisiones.

Las protestas forman parte del derecho político de libertad de expresión y derecho de reunión pacífica, garantizadas en el derecho interno e internacional.

El artículo 33 de la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica, así como el de manifestación pública, los cuales se estipula que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados. En el derecho internacional, se reconocen en los artículos 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En Guatemala y en todo el mundo, las manifestaciones son comunes; a tal punto que son una tendencia en el universo contemporáneo.  Hoy en día, ya no solo se reclama, reivindicaciones laborales, alimentarias o de vivienda, entre otras cosas, sino que ahora se desaprueba abiertamente el desempeño de muchos funcionarios, por los numerosos casos de corrupción que han surgido, lo que han causado una percepción generalizada de corrupción en todo el país, por eso se exige una lucha frontal contra este mal, lo que ha permitido que a partir del 2015 haya aumentado la movilización ciudadana.

El incremento de las marchas se deriva del cambio de paradigmas dentro de la sociedad.  Se ha pasado de una sociedad conformista que veía a la corrupción como parte inherente de la clase política y/o de la función pública y se ha transfigurado en una sociedad más participativa y consciente de los asuntos de alcance nacional, en la que a través del clamor popular demanda se le tome en cuenta y que se lleguen a soluciones que satisfagan las necesidades de la mayoría.

Sin embargo, se tienden a descalificar y criminalizar la protesta social, utilizando como dispositivo para protegerse de las causas que las originan, al “derecho penal”.  De tal cuenta, se somete a muchos participantes a juicio sin las debidas garantías procesales, vulnerándose los derechos reconocidos en esta materia y contraviniendo los estándares establecidos respecto al derecho de manifestación y reunión pacífica.

Conjuntamente se desarrollan otras actividades para dividir y aislar los liderazgos, realizándose todo tipo de maniobras para desacreditar a los organizadores o a quienes formaron parte de la protesta. También se vincula a los demandantes pacíficos con personas que muchas veces son provocadores y cometen ilícitos, para luego justificar el uso de la fuerza estatal, que en ocasiones, se usa de forma desproporcionada para contenerlas, disuadirlas o suprimirlas.

Es importante garantizar este derecho y demás garantías individuales, porque debemos recordar que las expresiones de los  ciudadanos nutren la democracia dentro de los regímenes constitucionales de derecho. Por años las protestas sociales han constituido motores significativos de cambios para incidir de manera determinante en el ámbito social, político y económico. Si bien es cierto, el Estado está obligado a garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, también lo es que debe hacerlo respetando los derechos, entre ellos, el de manifestarse.

Asimismo es eminente destacar que los manifestantes poseen la obligación de respetar los marcos jurídicos.  En nuestro derecho interno, se estipula que para que sea pacífica no debe trasladarse ningún tipo de arma.  Incorporado a este tipo de prohibiciones, se debe ser muy cauteloso en los mensajes o discursos que se efectúan, ya que no es necesario ser ofensivo en las consignas porque despliega lastimar susceptibilidades.  Se deben excluir mensajes que promuevan la confrontación, el odio o la discriminación.  Con un mínimo de sentido común se pueden precisar algunas circunstancias que no están resguardadas por la libertad de expresión.

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