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CC de nuevo en momento histórico

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La Corte de Constitucionalidad (CC) fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985, permitiendo reestablecer el orden constitucional luego que, por el golpe de Estado de 1982, el Ejército asumió el poder y suspendió la vigencia de la Constitución de 1965, por medio del Decreto-Ley número 2-82 que concretó el Estatuto Fundamental de Gobierno.

El objetivo de su creación fue la defensa del orden constitucional, inspirada en la vertiente del pensamiento del jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen, quien desarrolló la idea de un tribunal que tuviera el monopolio del control constitucional de las leyes, que, a diferencia de los tribunales de justicia, ejerciera la función de “legislador negativo”, aboliendo toda norma o ley dictada por el Parlamento que contrariara la Constitución.

La CC ha jugado un papel importante en la historia reciente del país, para bien o para mal.  Uno de los momentos en que una decisión de la CC fue transcendental para recobrar el orden constitucional fue la resolución emitida el 25 de mayo de 1993, cuando Serrano Elías, intentó depurar el Organismo Legislativo y Judicial, descrito como un autogolpe al estado constitucional de derecho.  La sentencia que declaró ilegal las Normas Temporales de Gobierno, hizo repercutir positivamente los nombres de los magistrados que lo emitieron de forma valiente.

Desde hace algunos años, la CC ha sido catalogada como corte celestial, no solo porque sus resoluciones sean definitivas en el ámbito interno, sino porque se le reprocha, entre otras cosas, que ha extraviado su rol principal, que en muchas ocasiones se ha extralimitado en sus funciones, que emite resoluciones gallo-gallina con lo cual no genera certeza jurídica, o bien, que obligado a observar el control de convencionalidad (observancia de las convenciones y resoluciones del derecho internacional), no le presta atención.

Sin embargo, sus resoluciones buenas o malas, deben ser respetadas por todos, especialmente por quienes ostentan el poder, tomando en cuenta que el derecho constitucional nace como instrumento de limitación y control del poder y porque existen razones constitucionales que así lo exigen. El artículo 154 de la Constitución demanda la sujeción a la ley de los funcionarios públicos, al establecer que son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Por eso es preocupante el anuncio del gobierno que no obedecerá las  resoluciones emitidas por ese ente, no solo porque se efectuó en compañía de los funcionarios encargados de la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales y altos mandos militares, sino porque lo expresado podría crear un efecto dominó hacia la desobediencia en cadena de las resoluciones o mandatos judiciales decretadas por los jueces y que deben ser observadas por las partes, pero substancialmente porque se pretende justificar la desobediencia con fundamento en la jerarquía constitucional, la que se quebranta en sí misma con dicho aviso.

Ahora, nuevamente la CC, debe decidir sobre un asunto de alcance nacional que definirá nuestro futuro como país para vivir en paz o en convulsión social.  Tiene como desafío la preservación del orden constitucional de derecho como nexo para cohabitar en democracia, por lo que su actuar debe de estar al margen de cualquier sospecha de dependencia, parcialidad o temor. Con una imprescindible tenacidad y valentía revertirá la concepción que la Constitución es una profecía no cumplida y se demostrará que la justicia constitucional sirve efectivamente para racionalizar el ejercicio legítimo del poder.

No hay duda que la historia juzgará cualquier fallo, por lo que corresponde emitir una resolución que observe la correcta interpretación de los derechos constitucionales y preceptos internacionales, analizando sí lo manifestado por el mandatario se ajusta a la legitimidad del poder y la legalidad en su ejercicio, pues el poder es legítimo, no únicamente cuando su titular tiene un título genuino, sino cuándo se ejerce observando la legalidad vigente.

Una resolución con argumentos jurídicos sólidos, objetiva e imparcial, constituirá un verdadero aporte que nos permita caminar hacia una plenitud democrática, hará grande el estado constitucional de derecho, generará una importante dosis de confianza en los ciudadanos que cederá modificar las críticas en contra de esa Corte, con lo que se fortalecerá la aplicación de la justicia y sus instituciones, así como  el respeto a los derechos fundamentales, pero substancialmente, no permitirá dejar libre a quien abiertamente desdice la protección normativa.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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