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Análisis expulsión CICIG

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La actual crisis política que se vive en Guatemala se expandió con la resolución del 3 de septiembre de la Dirección General de Migración, con la que se prohibió el ingreso al territorio nacional del delegado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. El comisionado se encontraba en Washington atendiendo su agenda ordinaria.

Esta crisis genera polarización extrema, puesto que la postura oficial menosprecia la función de la CICIG, con herramientas de la guerra fría, exacerbando el antagonismo ideológico, con lo cual, y en cierta medida ha logrado promover en el imaginario nacional que el Comisionado representa un peligro para la seguridad nacional, pero realmente se genera por dos claras intenciones que se contraponen.

Entre los intereses en conflicto, por una parte se encuentra la continuación de la lucha contra la corrupción, que se fundamenta en el Decreto 91-2005 del Congreso de la República de Guatemala, a través del cual Guatemala aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reconociendo que “tiene deficiencias e insuficiencias institucionales que demandan la más amplia cooperación internacional y asistencia técnica y que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ofrece una gran oportunidad para obtenerla y aprovecharla”.

El interés adverso que so pretexto de la “defensa soberanía nacional”, pretende interrumpir esa lucha, que al mando del Comisionado Velásquez y de una forma nunca vista en Guatemala, ha amedrentado la corrupción de cuello blanco. Uno de los afectados por las investigaciones promovidas por la CICIG, es el hermano e hijo del Presidente y actualmente se inquiere contra el mismo mandatario, por financiamiento ilícito electoral.

Este plan contra la CICIG se empezó a formalizar desde el 27 de agosto del año 2017, cuando el Presidente lo declara persona “non grata” y establece su expulsión, la que se detuvo por la decisión que la Corte de Constitucionalidad (CC) en los expedientes 4151, 4179, 4180, 4181 y 4182 todos del 2017, en los que declara nula de pleno derecho la manifestación del Presidente y ordena a la ministra Sandra Jovel renovar la visa al comisionado.

La mayor crisis política en este gobierno inició el 31 de agosto, cuando tomando como referente la defensa de la supremacía constitucional, la aparente violación a la independencia judicial y reclamando sesgo ideológico en las investigaciones con lo que aduce se aplicó justicia selectiva, el funcionario de más alto nivel de gobierno, optó por no renovar el mandato de la CICIG y en la que ordena la transferencia de capacidades.  Posteriormente se informaba que no se renovaría la visa al comisionado, acto que culmina finalmente con la expulsión de facto del funcionario, y que a criterio de analistas políticos y algunos abogados, contradice lo ordenado por la CC.

A la vez, parece sospechosa esta acción tan anticipada de rescisión de la CICIG, la que ocurre a menos de un año de celebrarse las elecciones y coincide cuando se consuman investigaciones contra algunos partidos políticos y diputados. Por su parte, la mayoría de las congresistas en complicidad con la preservación del estatus quo y la corrupción de cuello blanco, muestran su total apoyo a la decisión tomada por el Presidente, incluso han estado trabajando “arduamente” para aprobar una ley que les favorece y que les consienta ejercitar coacción y amenaza contra los funcionarios que han contrariado sus motivos mezquinos.

La corrupción de cuello blanco ha podido permanecer en los organismos públicos, por la infiltración de poderes fácticos en el aparato estatal, así como por la carencia de las capacidades que convenientemente no han autorizado producir controles efectivos para hacer cumplir equitativamente el régimen jurídico penal, además porque no se ha mostrado voluntad política para combatir el flagelo, que por ser tan sofisticado es fácil su ocultamiento, y pasa desapercibido y en total impunidad ante nuestros ojos, aunque haya consciencia de su existencia.

A la fecha, aún necesitamos trabajar en conjunto con la CICIG, a pesar de que debamos confiar que nuestras instituciones realicen a cabalidad sus funciones, porque aún nuestro sistema judicial sigue debilitado y podrido para desligarse de la asesoría que recibimos de este ente internacional, su ausencia nos retornaría a la cultura del tráfico de influencias y al cobro y pago descarado de resoluciones judiciales al mejor postor, lo que no admite que se aplique una justicia igual para todos.

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