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Debilidad institucional

#PensamientoCrítico

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Guatemala vive una convulsión política en las últimas semanas. El estrés político que se vive lo ha generado distintas decisiones del Organismo Legislativo y cuyas intenciones son interpretables de muchas maneras. Lo cierto es que entre la confusión que se vive hoy día, el guatemalteco debe estar atento con aras de defender la democracia.

A pesar de sus defectos, el sistema político democrático sigue siendo a la fecha, más confiable. Como bien dijo Winston Churchill: “De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”. Este sistema, a final de cuentas, es el único que tiende a garantizar el respeto a los derechos humanos, la participación cívica o ciudadana y la igualdad de oportunidades.

Mientras vivamos en democracia, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de luchar por el mantenimiento de sus derechos; y en un Estado constitucional, de hacer lo propio para que se respete esa norma de carácter fundamental.

Nuestra constitución, la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce al país como un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Regidos bajo un sistema de Gobierno de carácter republicano, democrático y representativo. De dicha cuenta, el poder soberano se delega para su ejercicio en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya subordinación entre ellos es prohibida. Un sistema garantista de los derechos, como el modelo bajo el que está diseñado el Estado de Guatemala, también cuenta con entes de control como el Procurador de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad.

La generación que no fue partícipe del conflicto interno, la generación de la paz, está cuestionando las decisiones que están tomando nuestras autoridades. Sobre todo porque lo que se cuestiona es las motivaciones que están detrás de esas decisiones.

El Presidente de la República, hace una semana anunció la no renovación del plazo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, una decisión legal, pero cuya forma, acompañado de la cúpula militar para hacer el anuncio, envía un mensaje represivo a la ciudadanía. A ello se suma patrullajes no tradicionales con vehículos destinados para el uso de la fuerza en la ciudad. Un discurso nacionalista, bajo la trillada frase de seguridad nacional, con el que se pretende dar legitimidad a acciones en desobediencia del sistema de justicia.

Lo que preocupa es que el anuncio de no renovar el plazo a la CICIG se da justo el día que la solicitud de antejuicio en contra de éste es presentada ante la Comisión Pesquisidora. Lo que pone de manifiesto un claro sesgo personal en la decisión. A ello se suma el anuncio en que no acatarán resoluciones que denominan “ilegales” por parte de los órganos de justicia. En la política la forma termina siendo el fondo, por lo que resulta preocupante el mensaje que se está enviando a la ciudadanía.

La estabilidad política está en juego. Con estas acciones se está minando el sistema de justicia, debilitándolo mediante acciones que rebasan la legalidad. Flamantes detractores de que los tribunales de justicia se convirtieran en herramientas políticas, ahora utilizan el mismo discurso. Encima, retando a la institucionalidad judicial de no acatar sus resoluciones en caso no estén conformes.

Es necesario darse cuenta que estas acciones rebasan ya una pelea entre detractores y simpatizantes de la CICIG. Se está poniendo en riesgo la institucionalidad del sistema de justicia, del sistema político. Estamos a un paso de convertirnos finalmente en ese Estado Fallido.

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