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OEA en cita extraordinaria por crisis migratoria venezolana

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La Organización de Estados Americanos inició el miércoles una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington para tratar la crisis migratoria venezolana por solicitud del secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

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El vicecanciller peruano Hugo de Zela adelantó a la radio peruana RPP que la reunión será “fundamentalmente informativa” y en la agenda está prevista una presentación de Almagro, de una secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria con sede en Washington.

“Una vez que se tengan los elementos de juicio que presenten estos personajes se hará una consideración que probablemente no será hoy, un pronunciamiento entre países”, dijo de Zela, quien fue jefe de gabinete de la secretaría general de la OEA en 2011.

La sesión extraordinaria se realiza luego de que el martes en Quito once países de la región -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- suscribieron una declaración en la que manifestaron su preocupación por “el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos”.

Más de 2,3 millones de personas, 7% de la población total de Venezuela, han dejado el país sudamericano en los últimos años según Naciones Unidas. La mayoría ha emigrado a Colombia, Perú y Ecuador, aunque también a Brasil, Chile y Argentina.

Pero las autoridades venezolanas no aprueban esas cifras y rechazan que exista una migración masiva por la crisis económica que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, podría cerrar el año con una inflación de hasta un millón por ciento.

El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que en “los últimos dos años” un grupo “que no pasa de 600.000 venezolanos” salieron de su país y “más del 90% están arrepentidos”.

En una declaración emitida en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros órganos de las Naciones Unidas manifestaron la necesidad de “desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela”.

Al mismo expresaron su preocupación ante prácticas discriminatorias como “la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación”.

Recientemente Perú y Ecuador comenzaron a exigir pasaporte a los venezolanos que busquen ingresar a sus territorios.

Obtener un pasaporte se ha vuelto cada vez más difícil en Venezuela, que enfrenta una compleja crisis económica y social agravada por una hiperinflación, la escasez de bienes y una severa recesión económica que se ha extendido por casi cinco años.

Con información de AP

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