El Siglo

Soberanía nacional y compartida

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El 15 de septiembre celebraremos el 197 aniversario de la firma del Acta de independencia de Guatemala ante España, a partir de la cual iniciamos a ser un Estado y a disfrutar de nuestra “soberanía nacional”.

Según el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Sin embargo, juristas e internacionalistas indican que ese concepto de soberanía que figura en la constitución de muchos Estados está en desuso, puesto que, con la firma y ratificación de distintos tratados internacionales, entre otros, sobre derechos humanos, medio ambiente y hasta futbolísticos, así como con la globalización, ahora es solo un concepto antiguo.

Se dice que concurre una soberanía compartida, porque no únicamente los parlamentos dictan normas jurídicas, sino también entes internacionales, sin necesidad de una representación la cual se delega al suscribir un Tratado. Además, la mayoría de esas normas pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno, siendo obligado su cumplimiento.

Un ejemplo de que no siempre las constituciones prevalecen en el ordenamiento jurídico, es el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, según el cual, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, lo cual incluye a la Constitución.

Desde esta perspectiva, se indica que es un absurdo invocar ese concepto en su forma original pues ya ha evolucionado.  El concepto de soberanía nacional surgió en 1648 con la firma del Tratado de Paz de Westfalia, con el cual surge el Estado Nación, al establecer el principio de que la integridad territorial es el cimiento de la existencia de los Estados.

Esta transformación de la significación se demuestra con los distintos sistemas de integración regional que ya existen o se están gestando.  Uno de esos sistemas establecidos, es la Unión Europea, en la que 28 países europeos se constituyeron en una sola comunidad política de derecho para propiciar integración y gobernanza común, y renunciando a muchas disposiciones de derecho interno e incluso a su propia moneda para someterse a un ordenamiento jurídico distinto.

Bajo el concepto en crisis de “soberanía nacional o absoluta”, discurso que han venido impulsando algunos sectores, que en el caso del país es más complicado por ser uno de los más pobres de la región, lo cual ha estado en constante dependencia de las grandes potencias económicas, por lo que, bajo dichos argumentos, aumenta la polarización el anuncio de liquidar un mandato bajo un concepto antiguo y en desuso, acción que, para unos, permitirá siga vigente el cáncer de la corrupción.

La declaratoria del 31 de agosto, cuestionada por el conflicto de intereses personales, con presencia de altos mandos militares, así como el despliegue de jeep militares frente a la CICIG, Embajada de Estados Unidos y aparentemente en la Corte de Constitucionalidad, constituyen una expulsión o un non grato de facto o indirecto, que no corresponde a un estado constitucional de derecho, como se invocó, ya que, con esas acciones en busca de generar miedo, confirman que no hay disposición de someterse a la ley.

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