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Una respuesta liberal

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La decisión del Presidente Morales por no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIG por sus siglas) obliga a explicar varias cosas.   Primero,  apuntar lo incorrecto que resulta afirmar que la Comisión ha sido expulsada.  CICIG concluirá su estancia y, en 2019 tendría que abandonar el país.   Aunque esta acción con lleva alguna similitud en su esencia con respecto a lo que Daniel Ortega ha hecho con la misión de observación de Naciones Unidas, una cosa es expulsar a la misión de observación y otra, decidir no renovar un mandato.   En lo que sí se puede estar de acuerdo es que, si se toman los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua queda claro que en Centroamérica existe una reticencia muy particular a la fiscalización que realizan los mecanismos del sistema internacional.

Segundo. Es privilegio y prerrogativa del Jefe del Estado guatemalteco tomar esta decisión aunque sorprende, que la misma se haya tomado con tanta antelación.  No hay que tener una ´bola de cristal´ para darse cuenta que,  esta no era la primera opción del ejecutivo guatemalteco pero algo habrá sucedido para dirigir los esfuerzos a la terminación adelantada del mandato.  Si, repito, es privilegio del presidente tomar esta decisión,  está en su total derecho y la misma no viola ningún elemento constitucional así como tampoco ninguna resolución de cortes.  En términos de legalidad, pues nada que decir, pero a todas luces el presidente tiene un conflicto de intereses que hace cuestionable esta decisión:  Su hijo, su hermano, y él mismo son investigados por este ente al cual se le ha dato terminación anticipada de mandato.   Tal situación en efecto pone en cuestionamiento la legitimidad de esta decisión, aspecto que todo liberal (al menos los liberales políticos) no pueden dejar de considerar.

Tercero. Ningún liberal puede tragarse el argumento de la soberanía nacional porque para los liberales (al menos los liberales políticos) las naciones serían simplemente un artificio tan cuestionable cómo la noción de soberanía popular.  Lo que para los liberales sería importante

–al menos para nombres cómo Locke- son las limitaciones de poder (por vía de las instituciones) para con aquellos que ocupan cargos públicos.  Otros liberales, cómo Charles S. Montesquieu o Weber plantearían un problema en torno a legitimidad:  No basta la mera formalidad del derecho. Hay algo de profundidad mayor que debe considerarse,  lo que refiere al ´del espíritu del derecho´ (Montesquieu)  o ´el acuerdo común previo a la legitimidad´  (Weber).   El hecho fundamental que el presidente Morales tenga un conflicto de intereses habría generado, en otros contextos un cuestionamiento más crítico con respecto a la ´pureza´ de esta decisión.   En EEUU,  el fiscal especial Robert Mueller, quien  investiga las implicaciones de colusión rusa en la pasada elección fue nombrado por el mismo ejecutivo ante la sugerencia del Senado.  Y si bien el Presidente Trump puede en cualquier momento despedirlo, no lo ha hecho a la fecha precisamente por las implicaciones que significa que un presidente despida al fiscal que le investiga.  Además, hay que agregar que posiblemente en EEUU la reacción de la institucionalidad sería mucho más fuerte.

La relación entre la democracia y el liberalismo no es una relación, por así decirlo, natural pero tampoco es una relación del tipo ´agua – aceite´. Esto es precisamente lo que predican los libertarios latinoamericanos pero es falso.  De hecho, cuando liberalismo y democracia se encuentran se crea un régimen político donde ciudadanos libres e iguales pueden participar del debate cuando al mismo tiempo se fiscaliza a quienes ostentan el poder.

Democracia es, ante todo, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Cosa que, ni Ortega, ni Maduro, ni Morales parecen entender.

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