El Siglo

Reformas a las leyes constitucionales

#PensamientoCrítico

La Constitución Política de la República de Guatemala es la norma que reconoce los derechos fundamentales y establece la organización administrativa y política del Estado, fundamentalmente. Data de 1985, la cual emana de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en el período histórico de la transición democrática en esa década.

Su texto reconoce que existen ciertos cuerpos normativos que desarrollan algunas disposiciones fundamentales, a las que se han denominado Leyes Constitucionales: a) Ley de libre emisión del pensamiento; b) Ley de orden público; c) Ley electoral y de partidos políticos; y d) Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Todos ellos cuerpos normativos emanados también por una Asamblea Nacional Constituyente.

El proceso para la reforma de estas leyes está previsto en la misma Constitución, la cual a diferencia del proceso legislativo de las leyes ordinarias requieren que previo la aprobación por parte del Pleno del Congreso de la República, cuente con un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.  Al ser emitidas por un órgano que ostenta poder constituyente, el procedimiento de reforma es más rígido.

En este dictamen la Corte de Constitucionalidad debe hacer un análisis sobre la compatibilidad constitucional de las reformas que se pretenden aprobar. De oficio el Tribunal Constitucional hace un examen de constitucionalidad respecto de los derechos reconocidos, deben prever que no exista ninguna incompatibilidad, pues luego estas se convierten en disposiciones de rango constitucional.

Si bien los dictámenes no son vinculantes y el Congreso de la República podría obviar la eventual recomendación, el examen previo que hace la Corte de una norma que puede tener un vicio de inconstitucionalidad haría que pierda legitimidad dicha norma. Sin embargo, una vez reconocida la compatibilidad constitucional de una de esas normas, crea la certeza jurídica que esa norma al incorporarse dentro de una ley constitucional armoniza con el sistema normativo en su totalidad, y por ende garantiza el respeto de las normas y derechos fundamentales.

En la sentencia de inconstitucionalidad dictada dentro del expediente 300-95, en la cual se señala un vicio de inconstitucionalidad respecto artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos surge un criterio fundamental: “Las normas de una ley constitucional no pueden ser expulsadas del ordenamiento jurídico a través de una inconstitucionalidad general o inaplicables mediante su planteamiento en caso concreto, sino únicamente por medio de la reforma de la ley y siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, ya que de lo contrario esta Corte dejaría de ser intérprete de la Constitución y se convertiría en un legislador constitucional negativo, lo que no le es permitido. Sólo puede impugnarse de inconstitucional un precepto de una ley constitucional cuando éste ha pretendido incorporarse a la ley violando el procedimiento establecido para hacerlo.”

La reciente acción de inconstitucionalidad presentada respecto de las pautas de los medios de comunicación en el proceso electoral y que promuevan una serie de publicidad al respecto resulta irresponsable. El sistema de justicia ya se encuentra suficientemente debilitado y es función de los sectores de poder el promover su fortalecimiento.

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