El Siglo

Castigo severo para el espionaje ilegal

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En 2013 Edward Snowden reveló la existencia de los programas de vigilancia masiva PRISM y Xkeyscore, que, a excepción de Twitter, complicó a compañías como Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Dropbox y Skype por facilitar el acceso a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para que entrara a la red y vigilaran en tiempo real a sus usuarios.

En junio del 2017 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, denunciaron al régimen mexicano por intervenir sus teléfonos por medio de un software que solo se vende a los gobiernos.

En el país, recientemente un medio de comunicación publicó que el anterior gobierno gastó Q90 millones en un sistema de vigilancia ilegal, supuestamente para controlar a periodistas, diplomáticos y activistas sociales a través de sus celulares y redes sociales, así como de forma física.

El gobierno de EEUU ha demandado a Facebook para forzarlo a romper el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones por Messenger personas que ese Estado estima sospechosas, por lo que pretende que esa compañía desarrolle modificaciones a sus productos para permitir la vigilancia.  El juez que conoce el caso, está pendiente de resolver.

Estas prácticas ilegales de algunos gobiernos estarían enfrentadas con el derecho a la intimidad, ligado estrechamente con el secreto de las comunicaciones, el que se encuentra preservado en el derecho internacional y nacional, al ser reconocido como derecho fundamental cuya finalidad es proteger la vida privada de las personas. Esta protección especial exige que cualquier interceptación de comunicaciones debe previamente estar autorizada por juez.

En el caso revelado en Guatemala, podemos establecer que esas acciones muestran un carácter eminentemente doloso, porque se tuvo voluntad decidida a intervenir y observar las acciones y conversaciones de personas de su interés, en menoscabo del secreto de las comunicaciones telefónicas u otros productos de la tecnología, garantizado en la Constitución.

Sin embargo, el legislador no consideró graves estas acciones y por eso el delito se sanciona de forma leve.

La pena que se contempla para la interceptación o reproducción de comunicaciones es de seis meses a tres años, por lo que puede ser conmutable (se puede pagar) y el sindicado por este delito puede solicitar se le aplique una medida desjudicializadora, como la suspensión condicional de la persecución penal, es decir, que no se le impone una pena, sino que queda sujeto a algunas reglas de cumplimiento de 2 a 5 años. En México, caso contrario a Guatemala, este delito es de tipo federal considerado grave, y las penas van de 6 a 12 años.

No hay lugar a dudas, que la inviolabilidad de la correspondencia implica un espacio de abstención estatal, en la cual el Estado no puede interiorizarse, y que solo se justifica ante hechos criminales pero observando los requisitos que la ley manda, porque este derecho “preserva al individuo de la obtención ilegítima de datos de su esfera íntima por parte de terceros, sino también de la revelación, divulgación o publicidad no consentida de esos datos, y del uso o explotación de los mismos sin autorización de su titular, garantizando, por tanto, el secreto sobre la propia esfera de vida personal y, consiguientemente, veda a los terceros, particulares o poderes públicos, decidir sobre los contornos de la vida privada”.

Se debe tener muy presente que en los Estados que se denominan democráticos de derecho, el fin último no podrá ser otro que la realización y positivización efectiva de los Derechos Humanos reconocidos por las constituciones nacionales y por instrumentos de carácter internacional, por lo tanto estas actuaciones constituyen un abuso de autoridad, que no puede quedar en la impunidad porque ignorarlo solo deslegitima aún más a las instituciones de gobierno, porque de cierta manera van encaminados a censurar a todas las personas que tienen una opinión contraria a los lineamientos que profesan los gobiernos de turno.

En el caso guatemalteco es imprescindible que la pena con la que se sanciona este tipo de ilícito sea revisada para establecer si la penalidad con la que se sanciona actualmente es proporcional a la gravedad de los actos y acorde al derecho fundamental que tutela.

Me refugio en mis letras y me atrevo

A escribir para ti que como todo un

Caballero poeta y en honor a tu linaje

Cumpliste fielmente tu promesa

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