El Siglo

Las reglas del juego

#DiviFilius

Con respecto a las condiciones que sustentan la calidad democrática pocas destacan tanto cómo la condición de democracia competitiva.  Inicialmente propuesta por Schumpeter, la idea de democracia competitiva tenía la intención de modernizar la comprensión de la democracia.  Es decir, en lugar de percibir la democracia cómo un ejercicio de deliberativo de ciudadanos racionales que procuran aspirar a un bien común (y regirse por una voluntad general), la forma moderna de entender la democracia estipulaba dos características:  1)  la competencia abierta entre los partidos y,  2) la posibilidad de que éstos sean periódicamente desalojados del poder.

Al ser entonces la democracia un juego diseñado para que las visiones contrarias en sociedad compitan por medio de los partidos, surgió además la preocupación justificada por asegurar que los partidos compitan en igualdad de condiciones.  A tal punto de importancia ha llegado esta condición de competitividad democrática que sirve para determinar la calidad democrática de un régimen, indistintamente de la mera existencia de un proceso electoral.   De tal suerte entonces que, todo proceso electoral dentro del cual el ejecutivo de turno se provee de ventajas ´a dedo´ para ganar las elecciones (por ejemplo, lo que hace el chavismo por vía del gerrymanderismo para así modificar los distritos electorales a conveniencia) o, cualquier otra condición electoral que impida que la oposición o partidos pequeños compitan en igualdad de condiciones son, en esencia, actos que violan el principio de democracia competitiva.   Y dentro de lo anterior descrito no se puede dejar de mencionar, el financiamiento electoral ilícito o anónimo.

Países como Guatemala han mostrado un lentísimo proceso de consolidación democrática, sumado a síntomas graves de fatiga institucional.  La satisfacción con la democracia parece ser baja, razón por la cual no sorprende que expresiones del tipo ´en estas condiciones no queremos elecciones´ se repiten ahora, tanto por la derecha y la izquierda.  Precisamente para evitar lo anterior, es fundamental asegurar que en todas las elecciones generales existan los mecanismos institucionales para fiscalizar el financiamiento electoral.   A mayor nivel de fiscalización, ya sea de observadores electorales (locales e internacionales) así como por vía de los Institutos Federales la democracia se transparenta y recobra, el sentido original de su ethos:  Ciudadanos que interactúan en condiciones de igualdad.

El reciente acto para trasladar capacidades de fiscalización al TSE guatemalteco (por vía de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad) es un evento importantísimo.  En primera instancia, podría generar una depuración dentro del legislativo en tanto y cuanto esta fiscalización se termine centrando en la forma cómo la actual legislatura arribó al parlamento.  Como segundo aspecto, si estas capacidades logran institucionalizarse las elecciones del año 2019 podrían ser sin lugar a dudas, las elecciones más vigiladas de la historia política reciente en Guatemala.

No veo razón alguna para oponerse a lo anterior.  Poder detectar los flujos de capital provenientes del crimen organizado, el financiamiento anónimo y el financiamiento ilícito así cómo toda la suerte de mecanismos paralelos que corroen el juego democrático es la certeza, que el futuro gobierno del 2019 tendrá una legitimidad electoral única, sin el pecado original de la democracia.

Democracia no solamente significa urnas, o deliberación ciudadana.  Democracia también es la posibilidad de fiscalizar los procesos relacionados con quienes acceden a las magistraturas, así como a quienes las ostentan.   En hora buena por esta alianza entre CICIG y el TSE, algo que todo demócrata guatemalteco debe celebrar.

.
.