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Combate al financiamiento electoral ilícito

#Perspectivas

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Con la firma del convenio entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), surgen altas expectativas, pues actualmente no es frecuente que funcionarios públicos demuestren voluntad para combatir la corrupción desde la raíz, y es por lo que, en ese caso concreto, se celebra el esfuerzo para batallar en contra del “pecado original” de la política.

Parece obvio que este acuerdo constituye un mensaje claro y surge como advertencia a todos los partidos políticos que se están formando o aquellos que ya tienen una estructura operativa para la campaña electoral del próximo año, y que de una vez se ciñan a las reglas que fija la ley.

Respecto al acuerdo, la carta de entendimiento interinstitucional fue firmada por el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, el jueves 16 del presente mes, y según los actores “busca intercambiar información entre ambas instituciones, proteger la democracia en Guatemala, que existan elecciones libres y que la ciudadanía tenga un acceso efectivo y eficaz a la justicia electoral”.

El cometido se alcanzará dotando de nuevas capacidades técnicas a los profesionales de la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión de Fiscalización del financiamiento electoral, a través de la capacitación y proporcionándoles las herramientas que le consentirá al TSE cumplir a cabalidad con la función asignada, entre ellas fiscalizar la procedencia de los fondos que utilizan los partidos políticos en sus campañas.

Toda esta capacitación, sin duda, admitirá optimizar las investigaciones que se realicen sobre delitos en esa materia, y que cualquier denuncia que se presente ante el Ministerio Público sea suficientemente documentada y sólida.

El acuerdo que se formaliza entre ambas instituciones para trabajar de la mano, se origina meses ulteriores que se revelaran muchas investigaciones que efectuó el Ministerio Público (MP) en conjunto con la CICIG, entre ellos “Lavado y Política” y “Construcción y Corrupción”, en donde surgieron nombres de partidos políticos que recibieron un aporte para su campaña de origen “dudoso” y sin la debida justificación, por lo tanto, además se pretende prevenir el surgimiento de nuevos casos penales.

En el mes de agosto del año 2017, se dio a conocer una extensa lista de empresas que eran acusadas de financiar de forma ilícita al partido FCN-Nación, tal como lo indican las investigaciones de la CICIG y el MP.

Sin el ánimo de sectorizar ni señalar a un partido particular, la misma historia sucedió con el ya extinto Partido Patriota, y al igual se señaló a los partidos UNE y Líder, lo que no deja lugar a dudas que en política hay muchos intereses en juego de personas particulares para preservar este mal, con la finalidad de seguir enriqueciéndose de las arcas del Estado, al ver recompensada su inversión al momento de apostar por el ganador y que éste les devuelva su inversión con jugosos contratos estatales.

Actualmente podemos observar campañas electorales adelantadas por algunos partidos políticos, por lo que realmente espero que el TSE lleve un control adecuado y fundamentado sobre los aportes que reciben esas instituciones políticas, para verificar que no se estén recibiendo fondos anómalos en las mismas.

Como ciudadano estoy convencido de la importancia de la fiscalización y estimo que bastante incertidumbre se ha creado ya a nivel nacional por las constantes investigaciones penales que arrojan cada vez más casos de corrupción dentro de la política.  Si se proyecta gozar de mejores resultados en el futuro que nos encamine a obtener una democracia fuerte, es necesario realizar cambios estructurales que accedan alcanzar ese objetivo, y por eso juzgo que es sumamente importante fiscalizar a todos los partidos políticos para que no se vean comprometidos desde un inicio a tener que devolver favores.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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