El Siglo

Fallo protege derecho a la salud de reclusos

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), derivado del Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala, estableció nuevos estándares internacionales para la atención en salud de las personas privadas de libertad (PPL), en especial a quienes tienen algún tipo de discapacidad.

La decisión se sustentó en que Guatemala no habría garantizado a la señora Chinchilla Sandoval controles periódicos, equipo y medicinas especializados, ni provisión de dieta y cuidados constantes necesarios; incumplió las obligaciones especiales para una persona con discapacidad, sin haberle provisto condiciones de detención adecuadas para garantizar sus derechos; además, porque a pesar de haber recibido información consistente y periódica sobre su salud e impacto en su vida e integridad, no se le brindó protección adecuada.

Uno de los estándares que instituye el fallo, es respecto a la calidad de los servicios de salud dirigidos a las PPL, los que “deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están privados de libertad.”

La CIDH, hace consideraciones respecto al grupo de personas que sufren enfermedades graves o crónicas dentro de las cárceles, expresando que la necesidad de protección se incrementa en estos casos como parte de la obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida cuando la salud se puede deteriorar de forma progresiva, particularmente si el padecimiento tiene carácter terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. También indica que esta “obligación recae en las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las personas privadas de libertad”.

La CIDH sostiene en el fallo, que en “atención a los referidos criterios de protección de los derechos a la integridad personal y a la vida de los privados de libertad, ante ese tipo de solicitudes los jueces deben sopesar el interés del Estado en que se ejecute una condena penal válidamente impuesta con la necesidad de evaluar la viabilidad de continuar con el internamiento de personas condenadas que padecen determinadas enfermedades graves. Es decir, cuando la patología de salud sea incompatible con la privación de libertad, o sea que el encierro carcelario no pueda ser un espacio apto para el ejercicio de derechos humanos básicos, se hace necesario procurar que la cárcel reduzca y mitigue los daños en la persona y que se brinde el trato más humano posible según los estándares internacionales. Entonces, si existe un peligro de daño a la vida o la integridad personal y el encierro no permite aquel ejercicio mínimo de derechos básicos, según las circunstancias del caso, los jueces deben revisar qué otras medidas alternativas o sustitutivas a la prisión regular existen…”

Al implementar la CIDH nuevas pautas de protección en materia de salud para las PPL, el fallo posee especial relevancia para garantizar la integridad personal y la vida de éstos, porque constituye el instrumento idóneo para que jueces lo incorporen en sus decisiones, puesto que la sentencia tiene efectos inmediatos, vinculantes y es obligatoria para el Estado de Guatemala.

Sin embargo, se deduce que nuestro país no ha respetado este pronunciamiento, especialmente respecto a la calidad de atención de salud dentro de las cárceles en las que  no existe atención médica oportuna ni insumos, lo que genera el consecuente agravamiento del estado de salud de algunos reclusos, tomando en cuenta que los hospitales públicos sólo atienden casos de urgencia. Tampoco se proporcionan dentro de los recintos carcelarios otros servicios, como consulta externa o exámenes de laboratorios para tener diagnósticos oportunos.

También se puede comprobar que en las prisiones no hay servicio médico las 24 horas del día para atender casos que no representan un riesgo, menos una urgencia, así mismo hay demora en la expedición de autorizaciones para trasladarlos a hospitales de la red nacional, en donde tampoco los quieren atender, aduciendo que es una obligación del Sistema Penitenciario, cuando la obligación es estatal.

Para cumplir con la sentencia probablemente precisaremos muchos años, pero ojalá que de forma paulatina se adopten las medidas para corregir la vulneración al derecho de la salud de las PPL, iniciando a consumar una de las órdenes básicas que se decretaron, como lo es “la capacitación de las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de las penas, autoridades penitenciarias, personal médico y sanitario y otras autoridades competentes que tengan relación con las personas privadas de libertad, a fin de que cumplan efectivamente con su rol de garantes de los derechos de esas personas, en particular de los derechos a la integridad personal y a la vida, así como la protección de la salud en situaciones que requieran atención médica…”.

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