El Siglo

Atención médica adecuada y sin distinción

#Perspectivas

Tras la noticia del lunes 6 de agosto, que anunció el fallecimiento del exdiputado Manuel de Jesús Barquín Durán, que representó al partido Libertad Democrática Renovada (Líder), diputados y funcionarios afines lamentaron profundamente su deceso y expresaron su indignación ante la falta de conciencia de la jueza a cargo del proceso quien aparentemente se negó a otorgar medidas sustitutivas ante constantes peticiones que efectuó el abogado defensor, por los quebrantos de salud que enfrentaba.

Por otra parte, una serie de reacciones circularon en las redes sociales, en la que varias personas aprovecharon el deceso del diputado para lanzar improperios en contra de la clase política.

Uno de los mensajes indica que lo que le pasó al diputado Manuel Barquín ilustra nuestra tragedia nacional “porque vivió en un país donde la justicia no es pronta ni cumplida, debido a un sin fin de recursos de amparo que interponen los políticos para retrasar su enjuiciamiento cuando saben que son culpables.  Porque vivió en una cárcel inhumana que el sistema político corrompió desde hace décadas.  Y se internó en un hospital público que no garantiza la vida de ningún guatemalteco sin importar su estatus social.  Además, los políticos son mentirosos que cuando se enferman de verdad, ya nadie les cree”

Sin embargo, desde cualquier perspectiva que se vea, la muerte del diputado es lamentable, pero la misma puede ser útil para abandonar la apatía hacia el tema carcelario y los prejuicios hacia la población reclusa, especialmente esa mayoría que son pobres.

En Guatemala, no es un secreto que existe hacinamiento crítico en las cárceles ante la tendencia constante del incremento de presos, tampoco se puede negar que el Sistema Penitenciario es una Institución colapsada, lo que impacta directamente en el incumplimiento de sus funciones y obligaciones, entre ellos desempeñar fielmente ese papel de garante frente a los reclusos para protegerlos en su vida, integridad física y salud.  Pongo esto en contexto porque al igual que el exdiputado antes mencionado, gran número de reclusos ven pocas oportunidades de optar por un tratamiento médico ante padecimientos de salud graves.

Uno de esos casos fue el  de la señora María Inés Chinchilla Sandoval, quien se encontraba recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) y que la multiplicidad de acciones y violaciones en materia de salud, terminaron con su muerte.  En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  emitió sentencia en el año 2016 en la que condenó al Estado de Guatemala por estas infracciones.

En esa Sentencia, la Corte expresó: “con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión.”

En Guatemala también se preserva el principio de no discriminación hacia este grupo, pues el artículo 19 de la Constitución estipula: “Los reclusos deben ser tratados como seres humanos, no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles.”   A tal respecto el Estado debe asegurar que todos los reclusos, sin distinción alguna, reciban un trato justo y se les garantice la vida y salud.

No obstante, ante este acontecimiento se aborda otro tema, como lo es el incumplimiento al plazo razonable para ser juzgado, lo que provoca que muchas personas se encuentren sujetas a prisión preventiva durante años, sin tener una sentencia previa. Muchos sufren de un proceso penal largo y —por las condiciones paupérrimas de las cárceles— ven desatendida su salud por no contar, de forma pronta, con la libertad de asistir a un centro hospitalario.

Finalmente, esta muerte es preocupante porque no obstante de existir una condena internacional contra Guatemala, se sigue incumpliendo con el deber de proteger la integridad personal, la vida, así como de proporcionar una atención adecuada en salud a las personas reclusas, que si bien están procesadas de un delito o cumplen una sentencia, no es una justificación para violarles sus derechos humanos.

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