El Siglo

Demandas necesarias para mejorar la justicia

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El pasado 16 de julio, un grupo de trabajadores coaligados, en su calidad de jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ), presentaron a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un pliego de peticiones de naturaleza económico social, previo a plantear ante un Tribunal de Trabajo y Previsión Social un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social que les permita negociar posibles acuerdos.

Entre las prestaciones solicitadas figuran un aumento salarial del 100%; gastos de representación y transporte; un bono de responsabilidad y disponibilidad; reclasificación de puestos para un escalafón de antigüedad; plan de turnos y descansos para jueces de paz; período vacacional con escalas de tiempo de servicio de hasta 40 días hábiles, y el compromiso de las autoridades del OJ para atender urgentemente los requerimientos de jueces y magistrados para la suplencia de personal auxiliar judicial y dotación de suministros y materiales, equipos y herramientas para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.

Esta demanda es plausible por ser el primer antecedente de los propios jueces y magistrados para mejorar sus condiciones laborales y de servicio en beneficio de la población, pues este gremio siempre ha estado sujeto a la negociación que el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial realiza con las autoridades del OJ, pero las peticiones de esa gremial, no representan las necesidades y requerimientos de jueces y magistrados.

El Estatuto del Juez Iberoamericano, que es referente de valores, principios, instituciones, procesos y recursos mínimos para garantizar que la función jurisdiccional se desenvuelva independientemente, establece: “Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva”.

Desde esa perspectiva, el ataque en redes sociales contra este movimiento y una de las caras visibles de este grupo de trabajadores coaligados, quien también preside la Asociación de Jueces y Magistrados, es injustificado porque las peticiones se ajustan a lo establecido en ese Estatuto. Además, los jueces en Guatemala están mal retribuidos, sus salarios son de los más bajos de América Latina, y solo basta hacer un sondeo en El Salvador, Costa Rica y México.

El OJ es otro poder del Estado, pero el sueldo de los jueces está muy por debajo del de funcionarios y empleados de los otros dos organismos. En el Congreso, conserjes, telefonistas y secretarias ganan más que un juez y algunos reciben hasta Q80 mil.  En el Ejecutivo, el presidente es el mejor pagado de Latinoamérica y uno de los diez con mejores sueldos en el mundo.

La responsabilidad del juez no se retribuye en absoluto con el sueldo actual, ni tiene ningún privilegio extra: no se le da vehículo, seguridad, teléfono, seguro médico, a veces ni parqueo  y menos cable; al contrario, en muchas ocasiones pone de su bolsillo suministros y materiales para cumplir su función judicial, pues el OJ no los brinda de forma proporcional según la carga laboral de cada Juzgado.

Además, muchos juzgadores están sometidos a condiciones laborales deplorables, sin espacios físicos cómodos o áreas con espacios de privacidad; con elevadas cargas laborales, sin suficiente personal auxiliar judicial, cumplen jornadas laborales extensas como las de jueces de paz del interior de la República los 365 días del año, con un régimen disciplinario riguroso, sin vacaciones y permisos iguales a las de algunas instituciones públicas que desempeñan trabajos de riesgo.

A nivel gremial, los jueces en su calidad de abogados, sus honorarios están muy por debajo al que algunos litigantes ganan por una sola audiencia, la que puede ser de un par de horas contra el salario de un mes de un juzgador, aunque compartan la misma audiencia.

Por todo esto, este movimiento es loable porque paradójicamente visibiliza las paupérrimas condiciones laborales a que están sometidos jueces y magistrados, e intenta alcanzar condiciones profesionales dignas al gremio, para brindar justicia de mayor calidad, eficacia y celeridad a la población guatemalteca.

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