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La sediciosa Corte de Constitucionalidad

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RAUL FALLA

#Kidon

El viernes 20 de julio del año en curso, nos sorprendió la noticia de que la Corte de Constitucionalidad, admitió y otorgó el amparo provisional solicitado de forma ilegal por la Fundación Myrna Mack, por virtud del cual se dejó en suspenso la designación y nombramiento del doctor Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, como Magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad.

Y digo ilegal y amañado, porque es de conocimiento general que en la Corte de Constitucional funciona una oficinita al servicio de la Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, quien es la encargada de confeccionar todos los amparos sediciosos, que con posterioridad salen para impresión y firma de alguna oficina jurídica o fundación Mackabra, para luego ser presentados y resueltos, en total fraude de ley.

Al revisar y estudiar minuciosamente la acción presentada, así como el fallo emitido por esa corte del mal, puedo concluir sin lugar a dudas que la protección interina decretada, violenta la Constitución Política de la República, primero porque el amparo no es de acción popular. Es decir, que para promover esta acción constitucional es necesario que exista un agravio directo e inminente que lesione el interés del accionante. Sin embargo, la designación del doctor Conrado Reyes no perjudica ni por asomo los intereses de la entidad postulante. Segundo, porque el acto maliciosamente impugnado, fue realizado dentro del ámbito de las atribuciones constitucionales y legales asignadas a la Corte Suprema de Justicia, en los artículos 269 y 270 de la Constitución Política de la República, así como 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Tercero, porque el acto que se acusa de gravoso no puede ser impugnado ante ninguna instancia, ni por ningún procedimiento legal, tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Cuarto, porque el doctor Conrado Reyes cumplió con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para optar a ese cargo, de conformidad con lo que para el efecto establecen los artículos 113 y 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quinto, porque la Magistrada Gloria Porras Escobar, tiene impedimento legal para conocer dicha petición constitucional, pues cuando el doctor Conrado Reyes asumió la jefatura del Ministerio Público, despidió de forma deshonrosa a esta señora, por lo cual existe un grave conflicto de intereses que obligaba a la Magistrada Porras, a excusarse del conocimiento de la acción constitucional por ética y legalidad.

No obstante, los sediciosos de la Corte de Constitucionalidad Bonérge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera, José Francisco De Mata Vela y María Cristina Fernández García, de nuevo se exceden en el ejercicio de las facultades constitucionales que les corresponden y dictan una resolución manifiestamente ilegal, por virtud de la cual deponen a una autoridad legítimamente designada y nombrada, con lo cual se rompe el orden constitucional y el estado de derecho del país, allanando el camino para que con posterioridad se designe a un Magistrado suplente afín a los intereses ideológicos de los que conforman el pacto de terroristas.

Por ello, se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia active el procedimiento consagrado en el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala y haga caso omiso a esa orden manifiestamente ilegal, defendiendo y manteniendo su postura, evitando elegir y designar a otro Magistrado Suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad. De la misma forma, deberán hacer valer el principio de Supremacía de la Constitución, admitiendo y trasladando al Congreso de la República, los antejuicios que por este hecho se promuevan en contra de estos sediciosos, a efecto de que no se conviertan en cómplices de está aberración consumada.

A la Fiscal General María Consuelo Porras, un llamado de atención para que exija a la fiscalía de asuntos constitucionales del Ministerio Público, utilizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación contemplados en la ley, a efecto de revertir de inmediato este fallo que atenta en contra de la institucionalidad del país y a la vez, que inicie las acciones penales de antejuicio  en contra de estos cinco prevaricadores, a efecto de que sean procesados por los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y sedición, pues en caso contrario será solidariamente responsable de violentar la Constitución.

A la comunidad internacional que ponga especial atención al golpe de Estado que se gesta desde la propia cúpula de la entidad encargada de la defensa del orden constitucional, a efecto de que realicen las gestiones pertinentes encaminadas a darnos el apoyo respectivo para  restablecer de inmediato la institucionalidad del país, para evitar así que ese rompimiento constitucional, origine un conflicto social, jurídico y económico de consecuencias lamentables no solo para Guatemala, sino que también para nuestros vecinos del norte, que deberán cargar con las hordas de inmigrantes que llegarán debido a la falta de certeza jurídica e inversión que reinará en el país, de continuar la dictadura de la Corte de Constitucionalidad.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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