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Las prebendas de Iván Velásquez y otros exfuncionarios públicos.

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RAUL FALLA

#Kidon

La semana recién pasada los guatemaltecos nos enteramos sobre la prudente decisión del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias de reducir el excesivo uso de agentes de la Policía Nacional Civil, que resguardan la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

La decisión es congruente con la realidad del Estado, pues si analizamos que somos alrededor de diecisiete millones de guatemaltecos y que contamos con una fuerza pública civil de cuarenta mil efectivos policiales, rápidamente podremos verificar que tenemos asignado un agente policial por cada cuatrocientos veinticinco habitantes, lo que hace materialmente imposible brindar un efectivo servicio de seguridad a la población. Si a ello sumamos, los agentes de Policía Nacional Civil asignados de forma ilegal a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, consulados, embajadas, fundaciones y asociaciones de falsos defensores de Derechos Humanos y de la supuesta sociedad civil, así como a exfuncionarios públicos, fácilmente llegaremos a la conclusión de que los guatemaltecos de a pie, estamos a merced del crimen organizado.

Por ello, me congratulo con la decisión del Ministro Degenhart, de reforzar la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos, ante los continuos ataques de pandilleros, sicarios, narcotraficantes, extorsionistas, y otras estructuras del crimen organizado que tanto daño causan a los sectores más vulnerables del país y que por alguna razón el comisionado Iván Velásquez Gómez, se niega a investigar y combatir.

Es difícil entender el berrinche del extranjero Velásquez, quien pretender obligar al Estado de Guatemala a restituirle de nuevo los agentes de la fuerza pública que ya fueron destinados a funciones de seguridad ciudadana, cuando la CICIG, recibe donaciones internacionales multimillonarias que perfectamente podrían utilizarse para cubrir los gastos propios de protección, sin afectar la seguridad de los guatemaltecos.

Y es que seguramente el comisionado como todo buen socialista, prefiere evitarse el costo de seguridad, a cambio de dejar desprotegidos a la gran mayoría de guatemaltecos, con tal de que él pueda gozar tranquilamente los servicios de seguridad perimetral para su casa y lugar de trabajo, de camionetas blindadas, carros escoltas, gasolina ilimitada, viáticos y más de una veintena de agentes de seguridad, pagados con recursos del erario.

Lastimosamente don Iván, no es el único que hace piñata los impuestos de los guatemaltecos, lo hace también la ex Fiscal General, Thelma Aldana quien tiene asignadas de por vida tres camionetas blindadas de reciente modelo, más dos camionetas convencionales nuevas para su equipo de seguridad, gasolina y otras prebendas, así como cincuenta agentes de seguridad pública para la protección de ella y su familia, al igual que su ex Secretaria General Mayra Véliz López. De la misma forma el ex Ministro de  Gobernación Francisco Rivas Lara y el ex Superintendente de Administración Tributaria Juan Francisco Solórzano Foppa, dos supuestos paladines anti corrupción, que se movilizan en vehículos del Estado, bajo la premisa infundada de que corren riesgo por el cargo que ostentaron, lo cual no es justo ni verídico, si se toma en cuenta que al aceptar un puesto público, debe hacerse con la suficiente madurez y valentía para afrontar los riesgos que ello implica, pues en caso contrario, es decir si existe miedo, temor o cobardía, es mejor que no lo acepten o que renuncien y le den la oportunidad a una persona que sí tenga la convicción y valor necesarios para ejercitarlo.

Estos descubrimientos amañados que gracias a las redes sociales han salido a luz, demuestran que aquellos que públicamente se rasgan las vestiduras por los pobres y más necesitados, o que tanto critican el despilfarro de los recursos públicos, son lo más corruptos y cobardes, interesados en sangrar el erario público para su beneficio personal.

Y a todo esto, ni la Contraloría General de Cuentas ni las supuestas organizaciones de la mal llamada sociedad civil se han pronunciado para condenar estos hechos que dañan directamente el patrimonio del Estado, lo cual resulta obvio tomando en consideración que los que hoy gozan ilegalmente esos beneficios pertenecen a la misma ralea de quienes dirigen esas sucias entidades.

Estimado lector, se ha puesto Usted a pensar: ¿Cuántas escuelas y hospitales públicos se podrían edificar o mejorar si todos estos recursos públicos se asignaran mensualmente a esos fines? Ó, ¿Cuántos agentes de la Policía Nacional Civil podrían patrullar las zonas rojas de nuestro bello país, si la CICIG, embajadas y demás fundaciones de la supuesta sociedad civil contrataran su propia seguridad?

Por su puesto que estos hechos de corrupción, deben ser denunciados ante la Procuraduría General de la Nación, a efecto de que el abogado del Estado, inicie de forma urgente las acciones legales necesarias encaminadas a declarar lesivas estas prebendas y consecuentemente sean retiradas a quienes las usurpan y se pongan a disposición y servicio de la comunidad en general; pues en caso contrario, es decir que el Procurador General de la Nación no ejercite las gestiones pertinentes que le corresponden, será responsable penalmente por su omisión.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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