El Siglo

Tiempos extras para el Estado de Calamidad

#PensamientoCrítico

El pasado 3 de junio de 2018, Guatemala fue víctima de otra catástrofe sufrida a raíz de un fenómeno natural. Los poblados alrededor del Volcán de Fuego vivieron un devastador domingo, cuando la erupción que éste dejó soterradas aldeas enteras que provocó pérdida de vidas –que aún no se sabe el número exacto de cuántos fueron, sino existen únicamente cifras estimadas- y materiales. Un evento devastador para el país.

Cientos de guatemaltecos, en solidaridad, se volcaron para ayudar a los damnificados de este evento natural. Las autoridades tomaron las medidas que creyeron más convenientes y se decretó por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros el Estado de Calamidad Pública, como lo faculta la Constitución Política de la República y la Ley de Orden Público.

Al estar vigente los estados de excepción la Ley de Contrataciones del Estado prevé que no se requiere utilizar los mecanismos de licitación o cotización allí previstos. La naturaleza que tiene esta medida es atender de forma pronta a la emergencia o excepción que ha dado origen a esta medida. Atender la emergencia de forma inmediata. Sin embargo, los estados de excepción han sido utilizados, históricamente, como mecanismos de ejecución discrecional de presupuesto con poca transparencia, lo cual siempre levanta algunas banderas de alerta por la ciudadanía y los funcionarios encargados de la fiscalización.

Guatemala es uno de los países que sufren de más vulnerabilidad por los efectos del cambio climático, lo que quiere decir que estamos propensos a sufrir este tipo de desastres naturales. Pese a ello, nunca se ha implementado un mecanismo para responder a este tipo de emergencias. La CONRED hace esfuerzos notables, tomando en cuenta la limitada cantidad de recursos que tiene a su disposición, pero dado el riesgo latente que existe en el país no es posible que no se cuente con ese mecanismo, que sobre todo debe ser transparente.

El Gobierno ha decretado la prórroga del Estado de Calamidad Pública por otros 30 días, lo cual puede sonar razonable. Sin embargo, no existen datos oficiales a la fecha –más de 30 días después de la erupción- sobre cuántas personas están damnificadas, cuántas personas están desaparecidas, cuál será la estrategia para relocalizar a las personas, cuánto se recibió de donaciones y la utilización de estas, y cuánto dinero es lo que se necesita para cumplir con los pasos a seguir. La justificación de la prórroga es que la emergencia provocó efectos que no han podido ser atendidos, pero no se ha identificado cuáles son estos efectos.

A la fecha más de 700 millones de quetzales han sido ejecutados, y ya han saltado las primeras alarmas de sobreprecios en la adquisición de algunos bienes utilizados para responder a la emergencia. Es difícil confiar en dar un cheque en blanco, cuando hace eco la poca transparencia con la que se manejan los recursos.

El Gobierno está pidiendo tiempo extra para atender la emergencia. Para ello es necesario evaluar cuáles son las necesidades que a un inmediato plazo requieren de adquisiciones y cuánto dinero eso representa. Los efectos durarán más que los 30 días que están solicitando, muchas de las personas deben reiniciar sus vidas, si no es que todas, y para ayudarles a salir adelante el Gobierno debe de hacer una evaluación seria para planificar una estrategia que les permita adaptarse y reincorporarse material y emocionalmente.

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