El Siglo

Fallo favorece protección a mujeres

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El 21 de junio pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió sentencia en el expediente 1749-2017.   En ese fallo se declaró inconstitucional la frase: “y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo” que contiene el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.

La CC argumenta que “el Congreso de la República al normar el artículo 6 en mención, acerca de la imposibilidad de conceder la reducción de la pena por ningún motivo, invadió la esfera regulada por el artículo 19 constitucional, en cuanto a los fines de la sanción penal, en este caso la readaptación y la reeducación que en esencia constituyen parte de lo que en Derecho Penal ha denominado ‘prevención especial’, cuya naturaleza y finalidad buscan que la persona que ha cometido un delito pueda, por vía del sistema penitenciario (incluidos los beneficios establecidos legalmente) reintegrarse a la sociedad como un ente útil a ella”.

Previo a esta sentencia, la CC había ordenado que, en los delitos de asesinato, plagio y secuestro, ejecución extrajudicial y parricidio, se consumaran reducciones de la pena, a través del otorgamiento de beneficios penitenciarios.

El único delito que permanecía con la prohibición de reducción de la condena era el delito de femicidio, por eso se esperaba una interpretación igual a la concedida en los delitos donde ya estaba autorizada la rebaja de la sanción.  Otorgarle una interpretación diferente asistía negar a los condenados por el delito de femicidio, el acceso igualitario a la disminución de la pena, lo que transgredía el derecho de igualdad y no discriminación.

El delito de femicidio es gravemente sancionado, puesto que la pena de prisión asignada es de 25 a 50 años.

Las condenas de larga duración atentan contra el principio fundamental de reinserción social, por lo que  la reducción de la penalidad es positiva, dado que en Guatemala la pena tiene como único propósito que el condenado vuelva a la sociedad.  Para combatir el delito y evitar su reproducción, el delincuente debe ser sometido a un tratamiento consistente en trabajo, estudio y terapias, a fin de rehabilitarlo y reeducarlo, es por eso que la pena no debe ser concebida como castigo.

Los delitos sancionados severamente, rebasan en muchas ocasiones la vida promedio de una persona, por lo que una reducción de la pena es coherente con el principio de proporcionalidad, porque permitirá equilibrar esa pena y brindarle una esperanza de libertad a la persona condenada.  Debemos tener claro que los derechos humanos no son absolutos, y negar un derecho constitucionalmente protegido a los condenados por este delito, sería un contrasentido que cuestionaría seriamente esos cánones.

En ese sentido, apruebo la decisión de la CC, estimo es correcta, porque hace prevaler el fin que el Estado le asigna a la pena, así como los principios de proporcionalidad e igualdad.  La sentencia, además promueve la protección de la mujer, porque garantiza que los condenados por ese delito, a través de actividades laborales, educativas y de otra índole, retornen a la sociedad aptos para dejar atrás actitudes violentas, por lo tanto, el fallo en lugar de contravenir los compromisos internacionales adquiridos los fortalece.

Los programas de rehabilitación y reeducación deben ser exitosos, para que los agresores puedan transformar su pensamiento impulsivo y comprendan que su actitud violenta contra las mujeres es errada.   Con el tratamiento idóneo, actitudes relacionadas al machismo y roles de género desacertados, pueden transformarse positivamente.  Por lo tanto, es importante la función rehabilitadora y reeducativa de la pena en delitos de violencia contra la mujer, como garantía de protección a las víctimas, promoción de la igualdad de relaciones entre hombre y mujer, y como una estrategia útil para erradicar la violencia de género en Guatemala.

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