El Siglo

Amenaza interna a independencia judicial

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El pasado 21 de junio la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar el ocurso en queja planteado por la jueza Erika Lorena Aifán Dávila y anuló la resolución del 22 de mayo anterior, emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, en la que se declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución del fallo emitido el 25 de abril  por la CC, en la que estimó que la jueza no fundamentó debidamente su decisión en coherencia al derecho a la debida tutela judicial y al principio jurídico del debido proceso.

La Sala Tercera, entre otras cosas, impuso a la jueza multa de mil quetzales y la denunció ante el Ministerio Público (MP).

En materia constitucional, el ocurso en queja es un remedio procesal cuyo objetivo es corregir errores en la tramitación de un proceso constitucional. Éste se puede plantear en cualquier momento por “las partes afectadas que estiman que en el trámite y ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia”.  Al imponerle una multa y denunciarla ante el Ministerio Público, se habilitó a la jueza a presentar el remedio.

En esta ocasión del ocurso, la CC no le brinda la razón a la Sala Tercera, y si se la concede a la jueza, al aducir que el fallo del 9 de mayo que emitió Aifán en la que dictó apertura a juicio contra Bitkov, por los delitos de Usurpación de estado civil, Uso de documentos falsificados y Supresión y alteración del estado civil, si razonó su decisión en concordancia con lo ordenado por esa Corte Constitucional.

Con este fallo, la CC le pone punto final a la controversia que se generó en torno a este caso penal, porque la Sala Tercera le corresponderá dejar sin efecto su resolución donde le exige favorecer a Bitkov.

No obstante, es oportuno reflexionar sobre las vulneraciones a la independencia judicial que ocurrieron en este caso, porque a pesar que la CC ha expresado que el amparo “no puede convertirse en revisor del criterio asumido en las decisiones emanadas de los órganos instituidos para resolver los conflictos de intereses sometidos a su conocimiento, se constituye en contralor del respeto y observancia de los derechos reconocidos por el ordenamiento legal, a fin de hacer prevalecer éstos ante actuaciones jurisdiccionales que provoquen su menoscabo”.

Observamos que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones pretendía revisar el fondo de la decisión de la jueza Aifán Dávila, lo que atenta contra la prevalencia del criterio jurisdiccional y la jurisprudencia de la CC en materia de amparo, cuando sólo le correspondía determinar si el fallo contenía una clara y precisa fundamentación, tal como se le ordenó.

El principio constitucional de independencia judicial siempre está en riesgo, por lo que la resolución de la CC lo fortalece a lo interno, por tanto sienta un precedente muy importante, que podría incidir que en lo sucesivo disminuyan las injerencias y perturbaciones en el desempeño jurisdiccional de todos los jueces por parte de los Tribunales constitucionales de amparo, al dejarles claro que no podrán entrar a conocer en un amparo el fondo del asunto ni los criterios judiciales.

La independencia de los jueces es columna vertebral de un Estado constitucional de derecho. Asegurar la independencia del Órgano Judicial a lo externo e interno debe ser una finalidad fundamental de gobernantes y gobernados. En ese sentido, es aconsejable que los guatemaltecos se involucren en este tema y demanden que se garantice la autonomía del poder judicial a todo nivel, porque es imprescindible que la confianza ciudadana prevalezca para brindar legitimidad a su administración.  La justicia es un servicio público dirigido a todos los habitantes de la República, bajo la premisa de la igualdad de todas las personas ante la ley, y sin independencia judicial de los jueces, éste objetivo no se cumple.

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