El Siglo

Inminente salida de Iván Velásquez del país.

#Kidon

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se instituyó en el país a finales del año dos mil siete, bajo el supuesto de perseguir los cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad incrustados en el estado. Luego de una corta gestión, todos los guatemaltecos nos percatamos que ese experimento concebido en la mente de los enemigos de la libertad era todo un fiasco, pues al final se trababa de una organización criminal más, con capacidad logística, económica y jurídica.

Pues desde su concepción, a este engendro se le asignaron tres funciones criminales de acción, enfocadas en cooptar el sistema de administración de justicia, bajo la falsa premisa de atacar la corrupción e impunidad, para así facilitar la entrega de la soberanía nacional a los vencidos en la montaña y posteriormente en las urnas.  El primer eje de acción consistió, en proteger jurídicamente a las organizaciones políticas y sociales criminales afines a su ideología, para garantizar así únicamente la participación electoral de estas organizaciones aliadas. Es por ello, que los casos como el financiamiento electoral ilícito de la UNE, la estafa del transurbano, la muerte de Rodrigo Rosemberg, la de los Mussa y la de Hugo Arce, aún siguen impunes; al igual que los hurtos de energía eléctrica de CODECA, la masacre de los Pajoques atribuida al CUC, o los pagos ilegales que en concepto de resarcimiento se han hecho efectivos al GAM, Fundación Myrna Mack y CALDH.

El segundo objetivo consistió, en perseguir de forma ilegal y desproporcionada a funcionarios públicos, empresarios y abogados opositores a su malvada gestión, para crear así un terror reverencial en la población, de que cualquier opositor sería asesinado civilmente, pues, si quebrada la institucionalidad del país, el comercio y la industria, así como la defensa jurídica, se facilitaría su actuación con total impunidad. Es por ello, que las cárceles del país están llenas de personas inocentes, que han sido encarceladas preventivamente mediante acusaciones infundadas, lo cual ha generado graves consecuencias legales, psicológicas, económicas tanto a los procesados como a sus familias, que en muchos casos se han desintegrado, han perdido sus trabajos o sus bienes, enfermado o incluso fallecido, debido a la incertidumbre que origina la reclusión perpetua o el hacinamiento.

Y la tercera acción, encaminada en buscar a toda costa defenestrar al Presidente de la República, a través de la presentación continúa de acciones ilegales, espurias y mediáticas, que además le impidieran trabajar en beneficio de la población, lo cual según ellos, originaría el rompimiento del orden institucional, facilitando la unción de alguno de los que conforman el pacto de terroristas, a fin de implantar en el país, un modelo totalitario de corte marxista, como el que prevalece en Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde no existen garantías individuales más que para los gobernantes.

Por ello, se hace necesario que la comunidad internacional se adhiera al jalón de orejas que varios senadores de los Estados Unidos de América le propiciaron al comisionado Velásquez, al solicitar la congelación de fondos destinados a esa comisión, mientras se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas por el non grato.

Ese jalón de orejas, y la petición de suspensión de ayuda económica, obligó al comisionado a refugiarse en total silencio en su guarida, seguramente para preparar sus tiliches y largarse del país, pues: ¿qué propósito tiene continuar a cargo de la comisión, si no puede disponer de las grandes sumas de dinero para su beneficio personal? ¿Qué propósito tiene continuar en Guatemala si ya no puede hacer conferencias de prensa y las personas ilegalmente detenidas empiezan a recuperar su liberad por falta de pruebas? Y, ¿Qué propósito tendría continuar en el país, si el Presidente de la República terminará su mandato constitucional con el apoyo de la población en general?

Por eso, con toda certeza puedo decir que la salida del país de este extranjero indeseable es inminente y a muy corto plazo, y junto con ella la presentación de acciones judiciales y administrativas tanto en Guatemala como en el extranjero, en contra de este personaje y todos aquellos funcionarios públicos y personas particulares que retorcieron la ley en perjuicio de la institucionalidad del país y de los derechos humanos de cientos de guatemaltecos, valiéndose de la impunidad conferida por la corrupta ONU, así como por los embajadores Todd Robinson y Luis Arriaga, responsables de clima de conflictividad, inseguridad, falta de inversión y empleo en que vive el país.

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