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Un nuevo modelo de fiscalización

La Constitución Política de la República de Guatemala prevé un régimen de control y fiscalización del cual nace la Contraloría General de Cuentas, a la cual se le delegan las funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos de todo interés hacendario de los organismos de los organismos del Estado, municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Asimismo, se le confiere la autoridad de fiscalización frente a los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.

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El sistema de fiscalización ha resultado ser un fracaso en el sistema vigente. La Contraloría General de Cuentas no ha cumplido con el propósito constitucional. Con la excusa que son un ente que practica únicamente un control externo posterior –su ley orgánica así lo establece en uno de sus artículos-, entonces se abstienen de emitir ninguna opinión en el desarrollo de los proyectos que han costado cifras millonarias para el Estado de Guatemala.

La falta de fiscalización preventiva no solo ha tenido una repercusión en el erario nacional, sino también ha producido efectos negativos en los contratistas del Estado, quienes habiendo cumplido con su parte contractual luego tienen imposibilidad de cobrar porque el procedimiento burocrático tiene algún vicio formal no imputable a éstos, que es percatado por la Contraloría y con el fin de evitar reparos y multas personales, los funcionarios obligan a los contratistas a obtener una resolución judicial que ordene dicho pago, haciendo los procedimientos poco atractivos y de mucho riesgo.

La fiscalización a través del método de control posterior ha mostrado que no tiene razón de ser. Este modelo ha revelado la falta de planificación en las compras y contrataciones del Estado, sobre todo en eventos de gran magnitud; que es un modelo que no promueve el desarrollo ni la activación económica, los casos que se han revelado en los últimos años ponen al descubierto como una fiscalización preventiva podría haber mitigado efectos perjudiciales para todo el país. El hecho de tener parados los proyectos, enredados en procesos judiciales maratónicos, y evitar que se puedan retomar resulta tremendamente perjudicial para el desarrollo del país, un claro ejemplo son los tramos carreteros como la CA-2, por tener una referencia.

Un colega un día se preguntaba, ¿de qué sirven los grandes reparos en contra de los funcionarios públicos si los proyectos están mal hechos, el dinero de lo no ejecutado es casi irrecuperable, si a los funcionarios o exfuncionarios no se les puede cobrar?

Mientras continuemos con un modelo que no responde a la realidad de las necesidades del país y que privilegie a quienes no cumplen con sus responsabilidades como funcionarios o contractuales, entonces seguiremos subsumidos en el sub-desarrollo. Una buena fiscalización de los recursos que todos los guatemaltecos aportamos, directa o indirectamente, fortalecido con una verdadera rendición de cuentas, entonces creará confianza en los guatemaltecos sobre el destino que se le da al dinero que con esfuerzo aportan para sostener el andamiaje estatal.

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