El Siglo

Ridiculeces de la ley electoral

“Ridículo”: Dicho o hecho extravagante e irregular.

En el último párrafo del artículo 88 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos reformado por el artículo 21 del decreto 26-2016 del Congreso de la República, se sanciona a toda persona que “dañe o utilice el patrimonio cultural, los recursos naturales y el ambiente, los bienes del Estado a que se refiere el artículo 121 de la Constitución Política de la República, […], antes, durante y posterior a la campaña electoral.”  Esto implica, por ejemplo, ¡que quien fotografíe una concentración valiéndose de un dron será sancionado por utilizar nuestro espacio aéreo! (Distinto es el tema de la licencia de vuelo).

Es razonable sancionar a quienes causen un daño y tal es el principio que rige en nuestro Derecho, claramente enunciado por el artículo 1645 del Código Civil al decir que: “Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”

Pero el artículo 88 de la LEYDPP sanciona por igual a quienes “utilicen” determinados bienes del dominio público aún sin causarles daño alguno que a quienes al hacerlo sí los dañen. Por igual se sanciona el “uso inocente” que el “uso nocivo” que de esos bienes se haga.  Tal es lo que implica su mera “utilización”. Absurdo, ¿no?

El problema es aún más serio porque la redacción de la ley es tan defectuosa que, además, sanciona actos y hechos realizados con anterioridad a la campaña electoral.  En otras palabras, hoy, cuando falta poco más de un año para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, cualquier persona ya puede ser acusada de hacer “campaña anticipada”. ¡Por favor!

Y por si lo anterior fuese poco, cualquier persona mal intencionada –valiéndose de tan defectuosa redacción— podría acusar a otra de realizar actos propios de “campaña anticipada” con la vista puesta en el proceso electoral a celebrarse el año 2024 o en los que le sigan… y así, per saecula seculorum, hasta que el Decreto 26-2016 sea derogado o la CC lo declara inconstitucional. ¡Pasa solamente en Guatemala!

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