El Siglo

Con cuidado señor Presidente

Viajero que vas, Jimmy a Israel por cielo y por mar dejando mil decepciones:

¿Cuál es el afán de crear tantos frentes políticos adversos? ¿Por qué violar la Constitución? ¿Por qué provocar innecesariamente a la opinión pública? ¡Guatemala no es una monarquía!

Se justifican todas estas interrogantes tomando en cuenta la persistente e infundada negativa de los voceros gubernamentales a proporcionar la información concerniente al reciente viaje presidencial a Israel.  Y más aún, preocupa sobremanera la raquítica “argumentación” con que se ha tratado de justificar esa negativa y luego, después de haber cedido ante la crítica, facilitándola en parcial, sesgada y pre-censurada, muy a su pesar.

Desde la perspectiva política conviene recordar que uno de los más destacados tratadistas de la Diplomacia Moderna, el chileno Mario Barros van Buren (Los elementos fundamentales de la Diplomacia contemporánea, “Diplomacia”, Revista de la Academia Diplomática de Chile, Nos. 32 y 33, 1984 y 1985), nos alecciona diciendo que: “La opinión pública es, tal vez, el elemento más decisivo en la transición que experimentó la Diplomacia entre el viejo y el nuevo estilo.  Ya en 1815, los congresistas de Viena debieron contar con ella. Jorge Canning la definió en esa época como “el poder más tremendo que quizás haya sido jamás puesto en acción en la historia del género humano.” A partir de esa fecha, el sentir popular fue un elemento muy importante en la toma de decisiones internacionales y no sólo operó de abajo hacia arriba, sino que en sentido inverso, la política exterior pudo ser un estímulo poderoso en la formación y conducción de la opinión pública…”  (Las cursivas han sido agregadas).

Visto desde la perspectiva jurídica precisa recordar que en nuestro ordenamiento constitucional rige el principio general que “todos los actos de la administración son públicos” y que este mismo principio admite entre sus pocas excepciones: (i) los asuntos diplomáticos de seguridad nacional y (ii) los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.  Por ser estos últimos una excepción al principio general, deben ser reconocidos taxativamente y expresamente como tales por una ley específica (v.gr. la Ley del Impuesto sobre la Renta); de manera que –visto desde el unilateral punto del financista facilitador del transporte— ningún particular puede exigirle al Presidente de la República guardar silencio ni secreto porque la ley no se lo permite. ¡Y mal hará el Presidente que lo hiciere, porque incurre en responsabilidad penal! Mal puede calificarse el entuerto que ahora me ocupa como un “acto soberano” o un “acto de Estado”.  ¡Vaya cinismo!

De acuerdo con el artículo 166 constitucional, en el caso de interpelación parlamentaria los ministros de Estado pueden abstenerse de contestar las preguntas que se les formulen cuando éstas “se refieran a asuntos diplomáticos… pendientes”, lo que tampoco aplica para el viaje a Israel, ni tampoco protege lo relativo al dueño de la aeronave que lo transportó ni para la lista completa de quienes lo acompañaron. Lo dijo Ángel Ganivet: “Un error político destruye una nación, aún la nación más grande del mundo.”

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