El Siglo

La CC ampara de forma ilegal al entrometido embajador Anders Kompass.

El día de ayer la Corte de Constitucionalidad nos sorprendió con una resolución a todas luces ilegal y mal intencionada, por virtud de la cual otorgó un amparo provisional solicitado por la Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, dejando en suspenso la solicitud de remover al embajador del reino de Suecia, señor Anders Kompass.

Desde luego que la resolución emitida por el máximo tribunal en materia constitucional constituye una grave violación al estado de derecho y la certeza jurídica del país.  Primero porque las personas que lo promovieron carecen de legitimidad activa para ello –el amparo no es de acción popular-. Segundo, porque no existe agravio alguno en contra de los postulantes, ni en contra de ningún sujeto legitimado. Tercero, porque el acto de solicitar la remoción del embajador se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales y legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser el despacho íntimamente relacionado con la política internacional. Y cuarto, porque el asunto sujeto a discusión no es competencia de la Corte de Constitucionalidad por tratarse de un asunto entre estados. ¿Así, o más claro?

Y es que las cortes del país están facultadas única y exclusivamente para resolver las contiendas nacionales, no para resolver litigios de naturaleza internacional y menos los relacionados con asuntos de índole diplomática o consular, donde por principio jurídico universal se aplican las disposiciones de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, donde por obvias razones la Corte de Constitucionalidad no tiene jurisdicción ni competencia para tramitarlas o resolverlas.

Por ello, el amparo provisional decretado por esa Corte carece de legitimidad y legalidad, pues lesiona severamente el acto soberano de solicitar en cualquier momento la remoción o cambio de cualquier agente diplomático o consular, que no se ajuste a las políticas del estado receptor. Por lo que ahora tocará aplicar aquel principio constitucional que taxativamente indica, de que nadie está obligado a acatar órdenes manifiestamente ilegales o que lleven implícita la comisión de un hecho delictivo; a efecto de que el Presidente de la República, haga valer la autoridad de la cual está investido y proceda a declarar de forma urgente non grato a ese entrometido extranjero, ordenado además expulsarlo inmediatamente del país con el auxilio de la fuerza pública y sin contemplación alguna.

Pues, en caso contrario es decir que el Presidente electo por la mayoría de los guatemaltecos, consienta la resolución ilegalmente emitida por la Corte de Constitucionalidad, la acepte o quede inmóvil ante esa aberración, será solidariamente responsable del grave ataque a la soberanía e institucionalidad del país y demostrará su completa falta de interés y respeto en los asuntos de estado y a sus habitantes.

No entiendo como ese indeseable extranjero continúa aún en el país, sabiendo que no es del agrado de los guatemaltecos, tampoco entiendo como es posible que el reino de Suecia, no lo haya removido del cargo, a pesar de la solicitud que giró el gobierno de Guatemala, por injerir en asuntos internos. Esa negativa debe ser tomada como un duro golpe a las reglas de diplomacia, facultándonos incluso a romper de lleno toda relación de cualquier naturaleza que tengamos con este país escandinavo, que al parecer olvidó que los guatemaltecos por fortuna no somos súbditos de su corona.

Ahora tocará denunciar, procesar y encarcelar a estos tres esbirros que integran la Corte de Constitucionalidad, quienes una vez más utilizaron la toga para retorcer la ley, en perjuicio de los guatemaltecos, del estado de derecho y de la soberanía nacional. #FueraKompass.

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