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Independencia judicial en caso Bitkov

Florece un movimiento de apoyo a la jueza Erika Aifán, la que denuncia ser obligada a ejecutar una orden ilegal.

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En el sistema judicial en la fase recursiva existe un patrón erróneo difícil de erradicar.  Órganos jurisdiccionales como la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de la Corte de Apelaciones, resuelven a medias y no de forma integral, como les manda la ley.

Los jueces de alzada al revocar la resolución venida en grado remiten otra vez las actuaciones judiciales al órgano jurisdiccional a partir del cual surgió la impugnación, para que sea el “mismo” juez que emita una nueva resolución forzando que lo realice con “argumentos ajenos” y no conforme a los propios, lo que ridiculiza el criterio judicial antes emitido.  La resolución debe ser asumida por los juzgadores de alzada, fallando la que estimen acorde a las actuaciones del caso concreto.

Esta mala práctica nace porque los órganos de alzada piensan que son “tribunal superior jerárquico”. El artículo 2 de la actual Ley de la Carrera Judicial, lo objeta: “Los jueces y magistrados ejercen por igual, aunque con competencia distinta, el poder jurisdiccional que la Constitución Política de la República asigna al OJ, razón por la que, en su ejercicio no existe diferencia jerárquica ni dependencia entre ellos.”

Además nunca corresponde a los jueces rebatidos dictar la nueva resolución.   En materia de amparo, el artículo 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, estipula: “La CC en su resolución deberá confirmar, revocar o modificar lo resuelto por el tribunal de primer grado, y en caso de revocación o modificación, hará el pronunciamiento que en derecho corresponda”. En materia de apelación, el artículo 409 del Código Procesal Penal (CPP), codifica de similar manera: El recurso de apelación permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución.”

La CC en el expediente 170-2007, confirma que el órgano jurisdiccional de alzada debe resolver en definitiva el asunto, sin efecto devolutivo descendente: “Los límites de la apelación están regulados en el artículo 409 de la ley precitada, que indica que dicho recurso permitirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal: i) confirmar, ii) revocar y iii) reformar o adicionar la resolución; es decir, que el tribunal de alzada debe, al revocar o reformar una resolución, emitir la que en derecho corresponde, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión y los razonamientos lógicos jurídicos aplicables al caso, resolviendo en definitiva sobre la cuestión sometida a su conocimiento”.

Restituir el proceso para que los jueces contrariados emitan nueva resolución con argumentos intrusos, provoca violar las reglas de competencia y el artículo 11 bis del CPP.  El artículo 40, regula: “La competencia penal es improrrogable.”  El artículo 11 bis estipula: “Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma…”.

La CC faculta a los jueces de donde surge la resolución que causa afectación, devolver los procesos a los Tribunales de alzada para que emitan la resolución que según su criterio es la correcta, tal como lo expresa en el expediente 170-2007: “… por lo que la autoridad impugnada, al recibir las actuaciones del proceso penal, debió devolver dichas constancias procesales al juez de alzada, para que en definitiva resolviera sobre la cuestión… la autoridad impugnada debe remitir las actuaciones al juez de alzada, para que, de conformidad con el artículo 409 del Código Procesal Penal, resuelva en definitiva el recurso de apelación otorgado en su oportunidad, y que ocasionó la emisión del acto que se reclama en amparo”

Al desconocerse las interioridades del caso concreto del caso Bitkov, no se emite opinión sobre lo resuelto por la Jueza Erika Aifán, pero en adhesión a la ley, el Tribunal de Alzada no decretó la resolución que en derecho atañía, lo que ha provocado todo el embrollo judicial que ahora concurre.  No obstante, lo peligroso de la resolución de la Sala Tercera del Ramo Penal, que la sanciona y le denuncia ante el Ministerio Público, es la grave agresión a la independencia judicial a la luz de lo que se contempla en el artículo 10 del CCP: “Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría, que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza, que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador.”

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