El Siglo

Iniciativa viciada

La Hora del 24 de los corrientes informa que la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) impulsa una iniciativa de ley que “prohíba a los fiscales, jueces y magistrados optar a un puesto de elección popular al momento de dejar el cargo”.  Según el jefe de dicha bancada “no se pretende restringir el derecho de elegir y ser electo, pero sí prohibir la utilización del cargo público para promoción político-electoral” y en su apoyo expresó, “que existe una norma en torno a oficiales del Ejército, quienes tienen prohibido dedicarse a la política hasta haber transcurrido los cincos años de su salida en las fuerzas militares y que eso se pretendería hacer con los fiscales, jueces y magistrados”.

Se refirió, indudablemente, al inciso e) del artículo constitucional 186 que incluye entre las prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República a los miembros del Ejército, “salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria”. Valga anotar que su inciso g) también se lo prohíbe a quienes en ese momento desempeñan Magistraturas del Tribunal Supremo Electoral.

Estas prohibiciones –valga insistir— se ajustan a la Constitución porque las decidió el legislador constituyente y están plasmadas dentro del texto de nuestra Ley Suprema.  La iniciativa que ahora se intenta impulsar correspondería a una ley ordinaria y, por lo mismo, es imposible crear esta clase de prohibiciones por analogía con el texto supremo.

Aprobar la iniciativa significaría limitar el derecho de igual protección ante la ley y el de elegir y ser electo reconocido para la generalidad de los guatemaltecos por el artículo 135 de nuestra Ley Suprema excepción hecha –repito—de los militares en servicio activo y de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.  Además, infringiría el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

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