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Deber estatal de proteger

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La historia que me sirve de fondo la publicó el diario El Tiempo el 21 de los corrientes.  Sucedió en Colombia pero ocurre en muchos otros países; y Guatemala no es la excepción. Grave es el problema y se acrecienta día a día. Urge, entonces, que tomemos conciencia de su magnitud y que actuemos. Cuanto más pronto mejor.

Nelson Vargas Rueda fue acusado de homicidio por haber sido el guerrillero responsable del secuestro y homicidio de dos indigenistas estadounidenses en febrero de 1999. Su proceso comenzó en el año 2000.  Durante su trámite –corría el año 2003— fue extraditado a los Estados Unidos por los delitos de concierto para cometer homicidio, ayuda y facilitamiento de un acto delictivo; hechos que por su gravedad motivaron a un juez de Miami a pedir se le aplicara la pena de muerte.

Después de trece meses de juicio una Corte de Columbia lo absolvió porque no se logró demostrar que fuera la misma persona del guerrillero.  Retornó a su país de origen para continuar el proceso por homicidio.  A causa de un tiroteo ocurrido dentro de la cárcel en que se hallaba, Vargas recibió un disparo, estuvo durante tres horas sin atención médica, fue hospitalizado durante veinte días y le amputaron una pierna por haber desarrollado gangrena. Por la omisión de protección que el Estado debe a las personas y por el daño que sufrió mientras estuvo detenido ya ganó una demanda de reparación directa y recibió una indemnización; hoy reclama del Estado una reparación por los cuatro años y medio que estuvo preso.

El deber de protección del Estado guatemalteco lo establecen los artículos 1º (Protección a la persona), 2º (Deberes del Estado) y 3º (Derecho a la vida).  Y para fundamentar el derecho al resarcimiento cabe recordar el principio tradicional que: “Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”, enunciado por el artículo 1645 del Código Civil; principio que, a su vez, complementa el artículo 1665: “El Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos.” Punto adicional a considerar es que, por disposición del artículo constitucional 155, la responsabilidad del Estado es solidaria con la del dignatario, funcionario o trabajador del Estado que causen el daño, siempre que el hecho haya ocurrido cuando cualquiera de éstos actuaba “en el ejercicio de su cargo”.

La lección que extraigo de la referida historia es que debiera legislarse ya sobre la responsabilidad imputable al Estado guatemalteco por causa del error judicial, incluida la mora en resolver por cuanto bien es sabido que son muchos los procesados que han permanecido en situación de “reo sin condena” por plazos que exceden lo razonable. Tampoco existe excusa para no hacerlo por falta de protección en los centros de detención y en los centros carcelarios; y muy gravoso será –en un futuro no lejano—afrontar las condenas que al Estado de Guatemala le imponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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