El Siglo

Aberraciones constitucionales en puestos de registro

Hace dos días iba, a eso de las nueve de la noche, manejando moto rumbo a mi casa. A la altura del Centro Comercial Pradera Concepción, me encontré con un puesto de registro de la Policía Municipal de Tránsito. Para mi sorpresa, uno de los agentes -como decimos los chapines- “me hizo la parada”.

Cuando le pregunté al oficial por qué me había detenido, este me respondió: “es un registro rutinario, jefe”. Inmediatamente, se me vino a la mente el artículo 25 constitucional, que dispone: “El registro de las personas y de los vehículos, solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello (…)”. ¿Cumplen estos registros rutinarios con el requisito de ser “causa justificada”? Me parece que no.

Estimo que una causa justificada para la detención y registro de vehículos la podría constituir, por ejemplo, que detengan a los carros blancos porque existe una denuncia de robo de un carro de ese color. Otro ejemplo podría ser que detengan vehículos grandes porque, según investigaciones, hay fuertes indicios de que ese día iban a trasegar grandes cantidades de armas, drogas o dinero. He querido desentrañar el verdadero sentido de qué es una “causa justificada” y ello me ha llevado a esbozar algunas ideas, las cuales comparto en el presente.

En el derecho constitucional, las facultades de las autoridades que implican una limitación de derechos constitucionales deben interpretarse con alcances restrictivos. De esa cuenta, si una autoridad va a limitar los derechos de las personas, esta debe motivar razonable y convincentemente su actuar. A la luz de lo anterior, pongamos, por ejemplo, que se da el caso que una persona decide impugnar o denunciar el acto de los agentes policiales por una detención y registro “rutinario”. En ese caso, la justificación de la detención y registro, así como el acto efectuado por la autoridad, deben ser sometidos a un escrutinio estricto (recordando el test de strict scrutiny adoptado por la Corte Suprema de Estados Unidos) para determinar si hubo vulneración de derechos constitucionales o no.

El escrutinio estricto al que se sometería la justificación y actuación de la autoridad le implicaría al juez analizar:

  1. Que el motivo de la detención y registro esté justificado por un interés gubernamental imperioso;
  2. Que el acto realizado por las autoridades haya sido sumamente limitado, es decir, que haya estado específicamente dirigido a satisfacer aquel interés gubernamental imperioso;
  3. Que de todas las opciones que hay para satisfacer el interés gubernamental imperioso, la detención o registro sea el medio menos gravoso para la persona.

Es la primera parte del test la que interesa específicamente para determinar qué es lo que puede constituir una causa justificada para la detención y registro de una persona y/o su vehículo. Esta causa será justificada únicamente cuando esté motivada por un interés gubernamental imperioso. El registro rutinario no es una causa justificada.

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