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¿Qué tanto pesan los congresistas y senadores?

El pasado lunes 7 de mayo se hizo público que 4 políticos estadounidenses se habían pronunciado en conjunto con respecto al accionar de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIG).  Integran la lista,  el senador republicano Mike Lee (miembro de la Comisión de Helsinki),  el senador republicano Marco Rubio,  el senador (también republicano) Roger Frederick Wicker y el congresista republicano Christopher Henry Smith.  Los cuatro referidos dirigieron una misiva al presidente del Senado estadounidense exponiendo argumentos por los cuales el financiamiento estadounidense canalizado a CICIG debería ser ´congelado´.  Además, refirieron a la necesidad de fiscalizar las acciones de la Comisión.

¿Cómo leer esta situación?

Primero.  Existe una jerarquía entre los cien senadores que componen el Senado estadounidense.  Los senadores de ´más peso´ son aquellos que presiden comisiones importantes (hay rangos de comisiones) o aquellos que llevan mucho más tiempo ocupando el escaño.  Son ellos, los que en definitiva hacen variar la opinión del cuerpo senatorial y son ellos los que en última instancia podrían modificar una política vigente.   Ninguno de los anteriores 4 senadores tiene una jerarquía de este nivel.   Otro detalle importante a tomar en cuenta: Cuando la Comisión de Helsinki llevó a cabo la audiencia en relación a CICIG y el caso de la familia rusa Bitkov,  solamente 3 de los 21 senadores que la conforman estuvieron presentes.   Lo anterior debe decirnos mucho.

Segundo.  El caso de la familia Bitkov parece ser la piedra en el zapato. La misiva firmada por el senador Rubio está fundada en este caso, pero, hay que leer con detalle:  El Senador Rubio propone congelar los fondos asignados por Estados Unidos a CICIG hasta (y aquí la clave) que la familia sea liberada y se le conceda un status de protección definitiva.  El denominado ´caso de los rusos´ ha sido políticamente manipulado pues la familia Bitkov nunca solicitó formalmente ante el Estado guatemalteco el status de refugiados.  Y lo importante,  quebrantaron la ley al hacer uso de una estructura paralela en la Dirección de Migración. En cualquier parte del mundo lo anterior es un delito.  Argumentar que los Bitkov son perseguidos políticos de CICIG es totalmente falso: La Comisión no recibe dinero de la Federación Rusa y la condición de ser opositores al régimen de Putin no es un elemento considerado en la sentencia.  La sentencia fue impecable según la legislación de Guatemala.  Al final es la que importa porque hay que defender la soberanía ¿O no?

¿Qué tanta importancia se le debe otorgar a la carta enviada por los cuatro políticos estadounidenses?  En definitiva,  es insuficiente para modificar la posición que Estados Unidos tiene con respecto a CICIG.  En lo que sí abona, es en generar duda y división dentro del legislativo estadounidense en cuanto a que esta comisión de combate a estructuras paralelas ya no sería sopesada por todos cómo el mecanismo incuestionable.  Pero ese cuestionamiento tendría quizá mayor interés en la clase política y empresarial guatemalteca que desea deshacerse de CICIG haciendo suponer que quizá,  la reacción de los Estados Unidos sería menos draconiana ante una eventual jugada de la administración Morales.   Precisamente esto es lo preocupante,  la incapacidad del gobierno del Presidente Morales para comprender lo que sucede: CICIG no ha perdido legitimidad internacional.  Desconocer el mandato de CICIG o intentar expulsar al comisionado Velázquez (de nuevo) por razones de Estado o seguridad nacional sería un craso error.

En este momento pesan más cuestionamientos concretos y graves sobre la administración Morales que, sobre la misma CICIG.

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