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Motines de nunca acabar

El motín en la Granja Modelo Canadá, Escuintla, que dejó 8 reos muertos y 25 heridos, se une al largo historial de incidentes en Guatemala y reflota de nuevo la grave situación de nuestras prisiones, que figuran entre las más hacinadas y violentas de la región.

En Guatemala hay 21 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP), con capacidad para 6,320 detenidos.  A la fecha hay 11,335 condenados y 12,613 en prisión preventiva, para un total de 23,948 privados de libertad, a los que se agregan las aproximadas 1,600 personas detenidas en cárceles públicas de la Policía Nacional Civil.

Esta cifra tan alarmante muestra que la capacidad de ocupación es triplicada, convirtiendo a Guatemala en el segundo país del continente americano con mayor sobrepoblación de personas privadas de libertad, y figura entre los diez países en el mundo con ese problema.

En el informe del 31 de diciembre de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, denuncia que el sistema carcelario guatemalteco “… lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión…”

El Estado de Guatemala ejerce una “posición especial de garante” frente a este conglomerado que le obliga a respetar y garantizar derechos y libertades, en especial, derechos a la vida y a la integridad personal, porque bajo ese poder de custodia, posee la exclusiva responsabilidad de asegurar que la privación de la libertad sirva a su objetivo que es la resocialización social, y que no conduzca a la violación de otros derechos.

La Ley del Régimen Penitenciario establece que, entre otras condiciones mínimas, debe brindarse a los reclusos: celdas adecuadas y camas; alimentación gratuita, de calidad y bien preparada; agua potable suficiente y espacios para recreación al aire libre.

Además, toda prisión debe contar con clínica: médica, odontológica y psicológica, con los profesionales y personal auxiliar suficiente para atenderlos. También se regula que el SP debe proporcionar a los reclusos las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad.

Sin embargo, muy poco de esa Ley se cumple. La mayoría de reclusos viven en condiciones extremas de hacinamiento, falta de alimentos y agua que les causa enfermedades; no reciben estudio ni trabajo.  La prisión es un espacio de castigo, que sólo sirve para fabricar a más sanguinarios delincuentes, y no se muda como esfera para la reinserción, por lo tanto, no es extraño que la población reclusa se rebele a ese abuso de poder.

No se analiza que estas humillantes condiciones sólo provocan más violencia, a lo interno y externo y en perjuicio de la población guatemalteca. El sistema carcelario debe convertirse en institución que respete la dignidad humana de los detenidos y dejar atrás tratos crueles e inhumanos que sólo caracterizan a sociedades bárbaras.  Es tiempo que se deje de negar el mandato legal e iniciar un proceso de transformación para erradicar las violaciones de derechos humanos y malas prácticas.

El cambio debe acompañarse de medidas tendientes a hacer uso razonado del encarcelamiento, como lo recomendó la CIDH, al expresar: “Las políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana”  y que “responden a criterios punitivos o manifestaciones del derecho penal de autor” -y por la sola circunstancia de responder a estándares como “alarma social”, “repercusión social” o “peligrosidad”- “la consecuente restricción de la libertad personal, resulta arbitraria, y por tanto, violatoria del principio de igualdad y no discriminación y del derecho a la libertad personal.”

Las propuestas legislativas de derecho penal de autor, como lo son las normas que se impulsan contra las pandillas, ha provocado el endurecimiento del trato y condiciones a estas personas dentro de los recintos carcelarios y estimulando que muchos sean “presos dentro de los presos”.

Guatemala debe realizar un esfuerzo para innovar las cárceles, y para eso es forzoso “voluntad política”. Transformar el SP, requerirá más que la construcción de nuevas cárceles sino el cambio de paradigmas, entre ellas otorgar un trato humano a los detenidos para que este tipo de motines finalicen y el SP deje de ser una bomba de tiempo.  Continuar administrándolos desde la única lógica de seguridad, sólo permite la repetición de errores, el incremento de motines y extorsiones.

Es necesario acreditar ante el mundo que somos una sociedad civilizada y humana, ya que Fiódor Dostoyevski, expresó que “el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos.”

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