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HELSINKI, una prueba más de las ilegalidades de la CICIG

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RAUL FALLA

El día viernes recién pasado, se llevó a cabo en la ciudad de Washington, la audiencia ante la Comisión sobre cooperación de seguridad con Europa, más conocida como Comisión Helsinki, en la cual se discutió el trabajo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, realizaron durante la investigación del caso de la familia Bitkov, migrantes rusos perseguidos ilegalmente por el presidente Vladímir Putin, quien encontró en CICIG su mejor aliado para eliminarlos civilmente.

Durante la audiencia se logró demostrar que la familia Bitkov sufrió una persecución penal ilegítima por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al punto de ser torturados física y psicológicamente, así como separados por la fuerza de su menor hijo de tan solo tres años, a quien se internó en un orfanato, para con posterioridad enviarlo a Rusia, y usarlo, así como moneda de canje.

Se demostró también como las dos sicarias judiciales que conocieron el proceso en la fase de instrucción y debate, es decir Ericka Lorena Aifán Dávila y Jassmín Barrios Aguilar, sumisas a las instrucciones del non grato, se prestaron a manipular el sistema de justicia, omitiendo que la familia rusa ostenta la calidad de migrante y por ello, en todo caso si obtuvieron documentación migratoria irregular, son víctimas de trata de personas y no sindicados, tal y como lo establece la Convención de Palermo.

Durante la audiencia, se reveló además algo que en Guatemala es de conocimiento general, es decir, que una de las piezas claves en la banda internacional de tráfico de personas, es la Secretaría General del Ministerio Público Mayra Johana Véliz López, la segunda de a bordo de la Fiscal General, quien cuando ocupó la sub jefatura del departamento de operaciones extranjería en la Dirección General de Migración, facilitó documentación migratoria a más de una centena de extranjeros, en su mayoría árabes, dentro de los cuales figuran cuatro sospechosos de pertenecer a las organizaciones terroristas Isis y Hezbolá.

Sin embargo, la verdad llegó y junto a ella la petición de suspensión de la ayuda económica para este experimento maléfico, así como su reserva a que la misma continúe su labor, pues en diez años de gestión y con una millonaria cantidad de euros y dólares gastados, sus acciones han sido opacas en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Este nuevo caso viene a demostrar, que las investigaciones impulsadas por este órgano represor de los derechos humanos no tienen sustento y que están basados en pruebas falsas, declaraciones falaces y escuchas ilegales. Por ello, con toda certeza puedo indicar que el caso de la familia rusa caerá, al igual que cayeron los casos conocidos como Pavo Real, Valdés País, Bufete de la Impunidad, Lavado y Política, entre otros.

Ahora tocará a la comunidad internacional, hacer un recuento de daños y establecer que la persona a quien se confió la desarticulación de los cuerpos clandestinos y estructuras criminales organizadas es quien encabeza un grupo delictivo organizado, pues valiéndose de argucias legales y chantajes, logró tomar el control de gran parte de las cortes del país para atemorizar y encarcelar a cualquier enemigo político o ideológico que le sea incomodo.

Tocará investigar también los múltiples intentos de socavar la soberanía guatemalteca, a través de los golpes de estado que se fraguaron desde el cuarto de guerra del apestado colombiano para deponer por medio de acciones espurias al presidente constitucional, electo libre y democráticamente por la mayoría de los guatemaltecos.

El final está cerca y con junto con el, la expulsión del non grato, así como la rendición de cuentas de todos aquellos jueces, fiscales y fiscalitos cobardes incluido el de la FECI, que se prestaron al juego sucio de manipular la justicia en perjuicio de cientos de guatemaltecos.

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