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Duda Razonada y Razonable

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El procedimiento para reformar nuestra Constitución lo regulan sus artículos comprendidos del 277 al 280.  Según el primero, tienen iniciativa para proponerle reformas el Presidente de la República en Consejo de Ministros; diez o más diputados al Congreso de la República; la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, apoyada por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registros de Ciudadanos. En todos estos casos el Congreso de la República debe ocuparse “sin demora alguna” del asunto planteado (Obstáculo primero, anoto).

Al tenor de los artículos 278 y 280 es preciso distinguir dos supuestos, atendiendo al contenido de la reforma pretendida. Si de reformar el artículo 278 o cualquiera de los artículos contenidos en el Capítulo I del Título II (Derechos Individuales) se trata, será necesario que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente; y en el mismo decreto de convocatoria señale el artículo o los artículos que haya de revisarse. Si de reformar cualquiera otra disposición constitucional se trata, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran. En ambos casos para que las reformas entren en vigencia deberán ser ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo constitucional 173.  Si el resultado de la consulta popular fuere favorable a la ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.

Las reformas constitucionales habidas hasta la fecha corresponden al segundo de los casos anteriormente mencionados. Considero innecesario modificar a corto o a mediano plazo el Capítulo I del Título II de la Constitución, que está bien regulado y fortalecido con tratados internacionales. Vislumbro como la posibilidad más probable que se pretendiera reformar el artículo 278 mismo con el propósito de facilitar la reforma total de la Constitución; o sea para “refundar” el Estado, como dicen algunos analistas, con todos los peligros que ello entraña.

Para todos estos casos hay que destacar el papel protagónico a cargo del Congreso de la República y el riesgo que conlleva –en las actuales circunstancias—su falta de credibilidad y legitimidad política al igual que la ausencia de partidos políticos que garanticen el buen fin de la reforma propuesta. Como prueba de mi aserto, y a título de ejemplo, cito la deficiente calidad de las reformas que este organismo –a gusto y conveniencia de los partidos políticos reunidos en el Congreso—le ha introducido de tiempo en tiempo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; ley de rango constitucional que –dicho sea de paso—es la que más reformas ha tenido desde que la Constitución Política de la República de Guatemala entró en vigencia.

Si de reformar la Constitución bastaría modificar sus artículos 157 y 223 en lo que a los partidos políticos concierne, tema que ameritará futuras columnas.

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