El Siglo

El Chantaje del Financiamiento Electoral Ilícito

El día jueves recién pasado la saliente Fiscal General y el non grato, emitieron una conferencia de prensa donde mal informaban a la población sobre el supuesto financiamiento electoral ilícito que involucra al Presidente de la República y a varios empresarios guatemaltecos, a quienes se reprocha haber recibido o realizado aportaciones dinerarias a diferentes agrupaciones políticas durante la última campaña electoral.

La trama novelesca afirma que varios empresarios aportaron sumas monetarias a diferentes organizaciones políticas incluyendo, la que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, a quien de la misma forma se acusó de recibir aportes dinerarios de forma ilícita.

Lo que omitió informar el non grato y su mucama personal, es que el artículo 407 “N” del Código Penal, establece que incurre en el delito de financiamiento electoral ilícito, la persona individual o jurídica que entregue o reciba aportes destinados a financiar una organización política “a sabiendas” de que dichos aportes provienen de actividades ilícitas, tales como, lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, crimen organizado, etc. Es decir, que la norma penal tipifica como punible el aporte que se haga o el que se reciba, siempre y cuando el sujeto activo del delito tenga conocimiento previo de que el mismo, proviene de alguna actividad ilícita; donde por supuesto, debe haber sanción penal sin posibilidad de acuerdo, perdón judicial u otra prebenda por tratarse de hechos delictivos de acción pública.

Por ejemplo, si el Smiley aporta dinero para financiar una organización política y el partido lo recibe, a sabiendas de que lo envía el Smiley, se consumaría un caso perfecto de financiamiento electoral ilícito, pues, es de conocimiento general que este personaje se dedica al sicariato y extorción, por lo cual, sería penado con cárcel e impediría desde todo punto de vista que el terrible pandillero fuera beneficiado judicialmente por expiar su culpa públicamente.

A contrario sensu, es decir, que el dinero aportado o en su caso recibido provenga del legitimo ejercicio de actividades comerciales, agrícolas, industriales, financieras, profesionales, recreativas, etc., desde ningún punto de vista puede ser calificado de ilícito, pues su origen es consecuencia del trabajo honrado de los antepasados de quien lo entrega, o en su caso producto de su sacrificio personal legítimo.

Es por ello, que el colombiano ni lento ni perezoso aceptó la “mea culpa” de varios empresarios cobardes, que olvidando el adagio de que nunca se debe negociar con terroristas, cayeron en el juego malicioso de aceptar cargos por hechos que no son constitutivos de delito, todo para obtener un falso beneficio judicial, que no es más que la culminación de un engaño perfectamente fraguado por el non grato para avergonzarlos. Espantados con el petate del muerto como se dice en términos coloquiales.

Sumado a ello, el proceso de investigación carece de legitimidad, pues está basado en la declaración de dos colaboradoras eficaces, figura procesal que no puede utilizarse en la investigación de hechos relacionados con el financiamiento electoral ilícito, pues la utilización de esta institución procesal está reservada con exclusividad a la investigación de los hechos delictivos taxativamente enumerados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, dentro de los cuales no se contempla el delito de financiamiento electoral ilícito. Así es estimado lector, la figura del colaborador eficaz o pentiti como se conoce en la doctrina, es una herramienta jurídica que al igual que las entregas encubiertas o la intercepción de llamadas, únicamente pueden utilizarse en la lucha y combate de las estructuras criminales organizadas, nunca en la investigación de hechos relacionados con el delito del financiamiento electoral ilícito.

Con toda certeza puedo decir que la espuria acusación que la dupla maléfica pretende judicializar no es más que la consagración del plan orquestado para coaccionar al Presidente de la República, a que elija en el cargo de Fiscal General, a uno de los candidatos alineados al pacto de terroristas.

Por ello, resulta atinada la actitud que asumió la persona que representa la unidad nacional, al acusar de frente al Comisionado y a la Fiscal General, de intentar fraguar una vez más un golpe de estado técnico, si no se ajusta a sus perversas peticiones.

Los golpistas deben saber, que los guatemaltecos no toleraremos desde ningún punto de vista cualquier intento que pretenda romper el orden constitucional y el estado de derecho del país, a través de la promoción y presentación de acciones amañadas y espurias, y que, en su caso, utilizaremos todos los mecanismos legales a efecto de que se respete la institución presidencial, pues quien hoy la ocupa, es la persona que fue electa por la mayoría de ciudadanos mediante un proceso electoral legal y legítimo.

No Al #PactoDeTerroristas.

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