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Lo que Thelma nos dejó

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No es lo mismo una afirmación equivocada dicha por un alto funcionario que la vertida por un ciudadano del común. Por ello es que me llamó la atención esta noticia: “La Fiscal General, Thelma Aldana, considera que “no se ha custodiado de la mejor manera los intereses del país al avalar un procedimiento cuya misma signatura ameritaba ratificación en su momento”. Es por ello que le dice “NO” a este llamado que el Estado le ha hecho a los guatemaltecos […].” (Thelma Aldana dice no a la #ConsultaPopular2018, vea por qué, guatevisión.com). [El énfasis ha sido agregado].

El Fiscal General es, nada menos que el Jefe del Ministerio Público, institución de raigambre constitucional –y como tal definida como auxiliar de la administración pública y de los tribunales cuya principal finalidad es “velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, lo que incluye, por supuesto, a la Constitución Política de la República de Guatemala.

Doña Thelma, de abogada –como todos los funcionarios públicos—prestó juramento de fidelidad a la Constitución antes de tomar posesión de su cargo.  Por esto, insisto, su dixit no debe pasar desapercibido por su afirmación respecto al momento y descuido en la signatura del Convenio celebrado entre Guatemala y Belice en diciembre de 2008.  Nada cambiará en cuanto a la consulta popular, pues ya se celebró. Pero el problema radica en el fondo de su aserto. Es totalmente inexacto y –he aquí lo grave— puede inducir a equívocos de incalculables consecuencias internacionales por la calidad del cargo que desempeña.  Caso contrario bastaría pasar la página y hacer caso omiso de semejante desliz.

Después de celebrado un tratado internacional por los respectivos plenipotenciarios, el Poder Ejecutivo lo acepta y lo somete a la aprobación del Poder Legislativo (Artículos constitucionales 183, k y 171, l).  Una vez obtenida su aprobación (tal es el caso de los Decretos del Congreso de la República que aprobaron el Convenio anteriormente referido), –y solo hasta entonces, doña Thelma— el Ejecutivo queda facultado para ratificarlo y, acto seguido, expedir el instrumento de ratificación para luego proceder al canje de ratificación o depósito del tratado, según sea el método escogido.

Una vez que el tratado haya sido ratificado (acto posterior a su aprobación por parte del Congreso) éste quedará incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como ley de la República. Vemos, pues, que para que un tratado internacional obtenga fuerza de Ley debe, obligadamente, cumplir un procedimiento que exige obtener su aprobación previa de parte del Poder Legislativo.

Si un tratado internacional contiene disposiciones que se oponen a las leyes vigentes, pero no a la Constitución, esas leyes quedarán tácitamente derogadas desde la publicación en el Diario Oficial del tratado ratificado. Todo tratado internacional se aplica desde su publicación, a menos que dada la naturaleza del tratado, sea indispensable su reglamentación para que pueda ser aplicado. Tal es la exigencia de celebrar la Consulta Popular por el artículo 19 de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución para citar un ejemplo.

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