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Libertad de Expresión bajo Asedio de Huisache

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RAUL FALLA

El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tutela de forma absoluta y sin lugar a duda la libertad de expresión o emisión del pensamiento, por cualquier medio, a efecto de que no seamos perseguidos, molestados o procesados por ejercer este derecho inherente a toda persona humana.

Así lo garantiza también el bloque constitucional, que no es más que las disposiciones y principios en materia de Derechos Humanos, que, sin estar taxativamente regulados en el ordenamiento jurídico de cada país, obligan a los estados a reconocerlos y por ende a garantizarlos de forma plena.

Es por ello, que los guatemaltecos podemos estar tranquilos y seguros de que, al expresar nuestro pensamiento a través de cualquier medio de difusión o comunicación social, no seremos censurados, cohibidos y mucho menos criminalizados por ello; pues, en caso contrario, es decir que el estado nos pretenda imponer la ley mordaza, estaríamos en presencia de un régimen totalitario típico de países comunistas como Venezuela, Cuba o Corea del Norte.

Sin embargo, el lunes de la semana recién pasada todos los guatemaltecos nos sorprendimos ante la noticia de que el periodista y abogado Geovanni Fratti Bran, había sido denunciado por el zurupeto del non grato,  por haber expresado su opinión en un video que colgó en las redes sociales, donde denunció su preocupación ante el hecho de la Corte de Constitucionalidad, admitiera y declarara con lugar una pretensión sediciosa promovida por el estulto abogado, y que tendría como único fin suspender de forma definitiva e indefinida la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público que se lleva a cabo por la Comisión de Postulación, para obligar así, a designar en ese cargo a la abogada Wendy de Rivas, una persona que además de adolecer de capacidad técnico jurídica en materia de investigación penal, pertenece a la misma ralea del colombiano y su mucama privada.

Al estudiar la denuncia promovida, no me cabe la menor duda de que la misma será desestimada y consecuentemente archivada en la propia fiscalía, pues adolece de los más elementales presupuestos procesales para encuadrar la conducta de Geovanni como delictiva. Más bien, la misma obedece al temor de que a la fiscalía llegue una persona objetiva e imparcial, que inicie una profunda investigación en contra de todos aquellos jueces, magistrados, fiscales, abogados y supuestas asociaciones de derechos humanos o de la sociedad civil que utilizaron procedimientos judiciales o constitucionales ilegítimos en beneficio propio o en beneficio de intereses foráneos.

Lo preocupante aquí es, que de llegarse a concretar el siniestro plan trazado por la izquierda, los guatemaltecos tendremos la obligación de activar la legitima resistencia consagrada en el artículo 45 de la Constitución Política de la República, que no es más que la potestad atribuida a una persona, grupo de personas o fuerzas del orden, para oponerse por cualquier medio, incluso con la fuerza, a una orden ilegítima o al ejercicio de un acto arbitrario emitido por alguna autoridad pública, a efecto de lograr restablecer los derechos y garantías vilipendiados. Desobediencia o resistencia civil para John Locke.

Por ello, con la solvencia moral y ética que me ha caracterizado me sumo a la denuncia que Geovanni viralizó a través de las redes sociales, donde alertó que fuerzas oscuras incrustadas en la Corte de Constitucionalidad asociadas ilícitamente con bufetes de abogados afines a los que conforman el pacto de terroristas, pretenden impedir a base de huisachadas que la Comisión de Postulación encargada de elegir Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público concluya su trabajo de forma legal, entregando a la presidencia de la república la nómina de los seis aspirantes a ocupar el cargo.

Así que, estaré pendiente, esperando con ansia la denuncia que seguramente me presentará el zurupeto del non grato, por expresar en este medio mi opinión con respecto al plan malicioso por virtud del cual se pretende asentar un duro golpe al estado de derecho y a la certeza jurídica del país.

Por fortuna, hoy en día, estamos a tan solo treinta días de que la Fiscal General Thelma Aldana, sea despojada de la coraza de impunidad que la protege, e inicie a correr el plazo de prescripción regulado en la Constitución para que responda judicialmente por todos y cada uno de los crímenes cometidos durante su deficiente gestión.

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