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La consulta que no fue

La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes” … solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1998. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de los tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.

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