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Los Jueces de la CICIGMPUNIDAD.

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RAUL FALLA

El Organismo Judicial es una institución pública que tiene como objeto principal juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Se integra por jueces y magistrados que están sujetos únicamente a la Constitución y la ley. De esa cuenta, los fallos que emiten en el ejercicio de sus atribuciones deben ser claros, objetivos e imparciales, para dar certeza jurídica a sus habitantes.

Es por ello, que el actuar de todo juez debe ceñirse por completo a tutelar las garantías procesales básicas de todo sindicado, garantizando por completo la presunción de inocencia, a efecto de que sea considerado inocente durante toda la secuela procesal y por ende pueda ser beneficiado con la aplicación de una o varias medidas sustitutivas. De la misma forma debe analizar y valorar las circunstancias pertinentes, que al final de cuentas establezcan sin lugar a dudas la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado en la comisión de algún hecho delictivo. Obviamente, todo esto dentro de los plazos regulados en la ley para no incurrir en retardo malicioso o denegación de justicia.

Sin embargo, al parecer estos principios jurídicos universales en materia de derechos humanos procesales, han sido olvidados por ciertos jueces y magistrados, que en los últimos años en total violación de ley, han decidido vilipendiar la independencia judicial, socavándola a intereses foráneos de un narco terrorista que fuera nominado a vicepresidente de su natal Colombia, por el guerrillero Gustavo Petro; así como, de ciertos grupúsculos de ideología marxista que tienen secuestrada la administración de justicia.

Estos jueces prevaricadores están perfectamente identificados por la población guatemalteca, como jueces de la impunidad.  Tal es el caso de aquella burócrata que toda su vida ha estado sentada detrás de un sucio escritorio según ella impartiendo justicia, y quien luego de finalizar el debate donde pretendió juzgar un supuesto genocidio, alzó la mano al estilo de Adolfo Hitler y se congratuló con un grupo de asaltantes de los impuestos de los guatemaltecos. Afortunadamente la pírrica sentencia emitida por esta empleada pública fue anulada por haberse dictado en fraude de ley. Y que decir del caso conocido como Migración, donde la misma juez Yassmín Barrios Aguilar, condenó únicamente a la familia Bitkov por haber adquirido ilícitamente documentación migratoria guatemalteca, pero olvidó condenar a la jefa de la estructura criminal Mayra Yohana Véliz López, quien fue la delegada de la Dirección General de Migración que facilitó la entrega de los documentos migratorios.

Siguiendo con el juez de los dedos incontrolables y tartamudeos al hablar, quien por muchos años ocupó la judicatura de Instancia Penal en el departamento de Chiquimula, lo que le permitió adquirir lujosas residencias, a cambio de emitir  una serie de resoluciones judiciales en beneficio de miembros del crimen organizado, lo que al final le valió para que lo sentaran en uno de los juzgados de mayor riesgo, donde por algún motivo especial, ha sido incapaz de dictar tan solo una sentencia condenatoria en contra de cualesquiera de los cientos de sindicados ilegalmente detenidos desde hace más de tres años. Debido a todas las ilegalidades cometidas, con toda certeza les pudo decir que este perverso personaje jamás ocupará la Fiscalía General.

De la misma forma, tenemos el caso de la recién estrenada juez, Ericka Lorena Aifán Dávila, una juez carcelera que a su paso por el querido departamento de Jutiapa, rellenó la prisión de cuanto hombre sentó en el banquillo de los acusados, lo que le valió para que el non grato pusiera sus ojos en ella y le exigiera a los pusilánimes Magistrados de la Corte Suprema de Justicia su inmediato traslado para dirigir el juzgado de mayor riesgo, a efecto de garantizar así la aplicación del derecho penal del enemigo en contra de cualquier opositor a los intereses del colombiano. Es por ello, que a pesar de que el abogado Moisés Galindo Ruiz, no cometió hecho delictivo alguno, hoy lleva seis meses ilegalmente detenido.

Otro de los jueces que integran el cartel de la toga, es el juez suplente del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, abogado Pedro Rodolfo Laínez Lux, quien, por algún motivo seguramente económico, pretende que Ricardo Méndez Ruiz, sea juzgado por el jurado Marco Antonio Sagastume Gemmell, un enemigo ideológico de Méndez Ruiz y del Ejercito de Guatemala.

Y qué decir del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien ante la opinión pública destila agua bendita, pero esconde el tremendo secreto de que su hermana Dalila Del Carmen Rojas Cetina, es una de las principales implicadas en un grave caso de defraudación aduanera, dentro de la causa penal identificada bajo el número 01074-2015-00115 del Juzgado Décimo de Instancia Penal, y en la FECI bajo el número: M3542/2014/2.

Hasta llegar al caso de los magistrados que ocupan la más alta corte del país en materia constitucional, siendo ellos: la Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, a quien para bajarla del pedestal donde la subió el non grato, bastará tan solo con recordarle que su esposo, hace algunos años para llevar el sustento familiar se vio en la necesidad de defender narcotraficantes de la talla del capo zacapaneco Arnoldo Vargas. Así como, el Magistrado José Francisco “el copy paste” de Mata Vela, quien durante toda su vida simpatizó con grupos de insurgentes que anhelan tomar por asalto el poder central para postergarse en el mismo.

Por ello, ahora que estamos a las puertas de la designación de un Fiscal General objetivo e imparcial, los ciudadanos guatemaltecos honestos que amamos Guatemala, debemos exigir a quien sea designado por el Presidente de la República, que de forma urgente investigue y encarcele a todos estos delincuentes que utilizaron la toga para retorcer la ley en beneficio propio o en beneficio de los que conforman el pacto de terroristas.

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