El Siglo

Belice a la CC, de nuevo I

¿Procede la impugnación del “Acuerdo Especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, celebrado entre Guatemala y Belice, sus ampliaciones y modificaciones, contra los Decretos 31-2010 y 47-2016 del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo 133-2015, ¿alegando la violación de los artículos constitucionales 173 y 19 transitorio?

¿Puede la Corte de Constitucionalidad declarar inconstitucional un tratado internacional? El artículo constitucional 149 dice: “Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales…” Y ésta, como parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aceptó que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y que “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” (Artículos 26 y 27).

En sentencia del 12 de julio de 2012 (Exp. 539-2012), dijo la CC: “Al haberse precisado […] que las normas cuestionadas forman parte de un acuerdo internacional y que, por ende, está sujeto a los principios establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados […] es conveniente traer a cuenta que este Tribunal ya se ha pronunciado respecto de la inviabilidad de los mecanismos de control constitucional a posteriori –directos o indirectos– de los instrumentos jurídicos internacionales” [fallo de 27 de febrero de 2010 (Expediente 2676-2009) y auto de 28 de septiembre de 2006 (Exp. acumulados (1555- 2002 y 1808-2002)]; por lo que “no es susceptible de declaratoria de inconstitucionalidad una norma perfeccionada por mecanismos de un orden ajeno, el internacional. Resulta coherente entender, basados en las fuentes del derecho, que el sistema interno de control de constitucionalidad que tiene poder soberano para revisar la compatibilidad de la Constitución con las normas derivadas del mismo régimen, no lo podría tener para invalidar aquellas que fueran elaboradas por un concurso de voluntades soberanas, bilaterales o multilaterales. En este caso, el Derecho Internacional señala los mecanismos a los que un Estado puede acudir para denunciar o desligarse de un sistema normativo que estime confrontado con sus intereses, entre ellos el que puede resultar de su incompatibilidad con su Constitución. […] esta Corte estima que no es materia de control de constitucionalidad un instrumento de Derecho Internacional Público, por lo cual la vía elegida para impugnarlo no es la apropiada…”. Y citando sus sentencias del 11 de marzo, ocho de abril y dieciséis de septiembre de dos mil ocho (Expedientes 2040-2007, 1375-2007 y 2139- 2008), aclaró “que, el eventual caso de una estimativa del planteamiento implicaría responsabilidad internacional para el Estado de Guatemala por desconocer las obligaciones contraídas por medio de un acuerdo internacional regido por los principios jurídicos de Derechos Internacional Público, por lo que sólo mediante los mecanismos reconocidos en esa disciplina jurídica sería posible que un Estado se libere de las obligaciones internacionales contraídas.”

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