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¿Guatemala incumpliría? II

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La pregunta de que si Guatemala debería desacatar la sentencia que emita la Corte Internacional de Justicia en el caso que fuese desfavorable para sus intereses debe ser respondida con una rotunda negativa. Por varios y fundamentados motivos.

Primero. Visto desde nuestro derecho interno, sería actuar en contra de nuestra Constitución porque implicaría violar un tratado internacional como es el “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, suscrito en Washington, D.C. el ocho de diciembre de 2008 y aprobado por el Congreso de la República por Decreto 31-2010 que, como tal, ha sido incorporado y forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. Valga agregar que este convenio es también el resultado de las gestiones realizadas por el Organismo Ejecutivo dentro del marco que le traza el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de nuestra Carta Fundamental; en otras palabras, se ajusta a la finalidad de “resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales.”

Segundo.  Jamás se promovió acción legal contra las actuaciones del Ejecutivo por apartarse del marco del artículo 19 transitorio. La Corte de Constitucionalidad, en sentencia del 22 de marzo de 2011 (Expediente 4285-2010), rechazó un planteamiento de inconstitucionalidad total promovido en contra el Acuerdo Especial y del Decreto 31-2010 del Congreso de la República y también rechazó un planteamiento formulado contra el Decreto 1-2017 del Tribunal Supremo Electoral mediante resolución del 12 de febrero de 2018 (Expediente 309-2018).

Tercero.  Punto fundamental a considerar es que Guatemala, por mandato constitucional, debe normar sus relaciones con otros Estados “de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales” con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de las instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

Cuarto. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Guatemala como parte de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (aprobada por Decreto 55-96 del Congreso de la República), encuentra en ella los principios, reglas y prácticas internacionales que norman su conducta internacional. En tal virtud habrá de destacarse su artículo 26, que consagra el principio Pacta sunt servanda: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Refiriéndose a las sentencias de la CIJ que han sido incumplidas, el diario peruano La República ha dicho una gran verdad: “La lista de los desacatos es larga, pero es cada vez más corta. Y el desaire mayor sigue siendo, de acuerdo con los especialistas, la negativa de los Estados Unidos a cumplir la sentencia que favoreció a Nicaragua en el caso de los contras. Porque incluso en el caso de los extranjeros a los que incomunicó de sus consulados, la política posterior norteamericana ha sido la de cumplir con la Convención de Viena, a la que ya no le ata compromiso.”

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