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¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

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El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

 

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de los países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

 

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

 

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

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