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Ministerio religioso y presidencia

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Entre las prohibiciones para optar a los cargos de Presidente o Vicepresidente de la República el artículo constitucional 186 incluye en su literal f) a “Los ministros de cualquier religión o culto”. Hasta hace algunos años el asunto se había mantenido aletargado lo suficiente para no causar preocupaciones políticas ni especulaciones académicas.  Lo ocurrido recientemente en Costa Rica, sin embargo, nos obliga a repensar nuestra normativa constitucional al respecto.

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Nos dice la historia que la prohibición tuvo especial dedicatoria para la Religión Católica porque sus ministros, de acuerdo con el Derecho Canónico, hacen votos a perpetuidad, aparte de otros motivos políticos.  Ello no impidió que el tribunal electoral paraguayo inscribiera como candidato para la presidencia de la república al obispo católico Fernando Lugo quien ganó la investidura. Se argumentó en apoyo de su participación –palabras más, palabras menos— que, independientemente de su investidura religiosa, prevalecía su calidad de ciudadano como derecho irrenunciable. Conviene meditarlo seria y objetivamente.

Desde una perspectiva jurídica esta prohibición hoy resulta ser técnicamente endeble.  ¿Cómo se demuestra fehacientemente la calidad de ministro religioso? Porque a diferencia de la situación que prevalecía cuando se promulgó la Constitución de la República Federal de Centro-América, en 1824, eran muy pocas las Religiones que en el mundo se reconocían como tales.  Hoy, en cambio, han proliferado una gran cantidad de sectas además de haberse reconocido religiones vernáculas, caracterizadas por su fluidez institucional que impide determinar a ciencia cierta quienes son sus “ministros” para los efectos de aplicar la prohibición constitucional.

Problema adicional para aplicar el impedimento es el caso de aquellas personas que, sin tener la calidad formal de ministros, se comportan como tales; les llamaré “ministros de facto” quienes, evidentemente, no pueden –ni deben—ser discriminados impidiéndoles optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, a pesar de que al hacerlo se puedan alterar valores tradicionales, tales como la tradicional separación del Estado y la Iglesia.

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