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El caso Belice y su interés para Guatemala

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Editorial

¿Por qué es importante que los guatemaltecos expresemos este 15 de abril de 2018 nuestra aprobación para que Guatemala lleve a la Corte Internacional de Justicia su diferendo territorial, insular y marítimo con el Estado de Belice? ¿Conviene a los intereses de Guatemala que respondamos afirmativamente a la pregunta? “¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?” Y la respuesta para cada una de estas interrogantes debe ser un categórico ¡Si!

A Guatemala le conviene llevar su reclamo ante la CIJ porque se trata de un medio idóneo que provee el Derecho Internacional para resolver pacíficamente las controversias entre Estados. Máxime tratándose de un secular contencioso en que el catálogo de medios políticos para la solución pacífica de controversias ya ha sido agotado.

¿Por qué se debe resolver este contencioso? Todo Estado, en aras de su paz interna y regional, debe conocer exacta y precisamente los límites de su territorio, incluido el marítimo. Dice un antiguo refrán que “Las buenas cercas hacen buenos vecinos” y así lo demuestra la historia. La indefinición de estos límites territoriales produce inseguridad porque las posibilidades de conflicto con los países vecinos aumentan. Esto, consecuentemente, significa un peligro para la paz regional. Pero también hay algo más de cara hacia el futuro: crear el ambiente propicio para establecer entre ambos país un espacio económico que les genere beneficios. Vivimos en el siglo 21.

La Carta de la OEA incluye como principios del Derecho Internacional Americano –entre otros— el que dice que “Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución” (Artículo 26); también incluye, como norma imperativa, “no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable” (Arto. 27), ya que “El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas” y que “Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos”.  Todo ello porque se busca construir “una paz duradera” (Artículo 3).

Nuestra Constitución, por su parte, faculta al Ejecutivo “para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales” y manda que todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular.  No podría ser de otra manera porque “Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y […] al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.”

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