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La competencia económica y sus mitos

Luego de más de un año que se cumpliera el plazo al que la misma Guatemala se sometió para tener una normativa relativa a la competencia, dentro del marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, persiste el incumplimiento. Una clara muestra que existen algunos sectores que no están de acuerdo con este tipo de regulación, con argumentos que caen por su propio peso, muchos de ellos sin fundamento técnico. Han pintado a la competencia como un monstruo de tres cabezas. Utilizando, por supuesto, la técnica de la desinformación, a través de mitos que, referentes del ámbito de la competencia de otros países, han venido a desmentir.

Expertos en países de referencia en la región latinoamericana como México, Chile, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Panamá, que han estado en Guatemala, en el marco de la modelación de la Ley de Competencia, no se extrañan de las propagandas anti-competencia que se han venido dando; las mismas han surgido en igual o distinta medida en cada uno de estos países al momento de incorporar este tipo de normativas.

Resulta que son aquellos mismos que se quejan que no existen condiciones para la inversión en Guatemala, son aquellos que de forma más vehemente se oponen a que exista un regulación en materia de competencia. Las prácticas anti-competitivas las relacionamos con los agentes del mercado, pero no lo es todo. El acceso a un mercado es uno de los elementos más importantes para que exista competencia, y esto puede impedirse de distintas formas, por medidas tomadas entre los agentes del mercado o mediante disposiciones regulatorias que tienen esa misma finalidad. No es ninguna sorpresa revelar que los agentes económicos más grandes tienen gran influencia, histórica, en la regulación.

Desde la Constitución de 1945 se han incorporado disposiciones tendientes a hacer un marco regulatorio en torno a la competencia. La Constitución vigente, de 1986, continúa con esa tendencia. Sin embargo, al 2018 todavía no existe dicha normativa. Es cierto que las prácticas anti-competitivas se pueden dar con o sin la regulación, pero al no contar con una normativa técnica se puede dar lugar a que estas prácticas anti-competitivas distorsionen de tal forma los mercados que aniquilen la competencia –incluso con falsas apariencias de que sí existe-.

Los opositores dicen que la creación de una institución encargada de la competencia puede generarse actos arbitrarios, abusos y corrupción. Yo digo, mientras persistan barreras legales y acuerdos para el acceso a los mercados (que son de por sí actos arbitrarios y abusos), lo que se promueve es la corrupción. Se atrae a inversionistas que estén dispuestos a jugar en el entorno de estas prácticas sucias para acaparar los mercados. Desincentiva el emprendimiento y la inversión que Guatemala necesita para el desarrollo (los que juegan limpio).

Los opositores dicen que no existe información sectorial suficiente para iniciar investigaciones y, si procede, imponer sanciones. Yo digo, una autoridad de competencia no es una institución cazadora de brujas. La primera función de ésta es preventiva y no sancionadora. Es obvio que lo primero que se requerirá para hacer cualquier tipo de investigación es generar información de los sectores y los mercados. Como país caería bien que se genere esta información, para no vivir a ciegas en el mundo económico.

Existen muchos mitos que se utilizan de excusa por aquellos cuyos intereses económicos se pueden ver afectados por un marco de competencia.

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