El Siglo

Negar información electoral II

¿Dónde queda la libertad de acceso a la información cuando la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada por Decreto 16-2016 del Congreso de la República hoy dispone que “Las encuestas electorales no podrán ser publicadas por ninguna entidad o empresa durante los quince días previos al de las elecciones y durante los quince días antes de la segunda elección presidencial […]” (Art. 223, inciso c) y que “En ningún caso podrán publicarse estudios de opinión, dentro de los quince días previos de la elección” (Art. 223 Ter)?

¿Y dónde queda la dignidad y la libertad de la persona humana –“sujeto y fin del orden social”— como la define el Preámbulo de nuestra Constitución, cuando la misma Corte de Constitucionalidad justifica ampliar el tiempo de duración de tales prohibiciones en vez de  reducirlo?

En Opinión Consultiva del 15.02.2016 (Expediente 4528-2015) la C.C. apoyó esta prohibición afirmando que su propósito “es impedir que datos o informaciones de último momento influyan indebidamente en la decisión del elector, el que ha de contar con un periodo razonable para reflexionar sobre el sentido de su voto. En todo caso, se entiende que la publicación de mérito quedaría vedada igualmente el día de la votación, aunque la reforma no lo indique expresamente, pues de otro modo no se cumpliría el fin que la prohibición persigue.”  Y en sentencia de 27.01.2009 (Expediente 1084-2007), la defendió –aun cuando entonces solo duraba 36 horas—afirmando: “que si bien la norma impugnada prohíbe realizar encuestas o difundir campaña electoral en un período de tiempo determinado, ello no restringe el derecho de la persona de acceder a las fuentes de información, conforme al artículo 35 constitucional. En ese orden de ideas, el interesado podrá acceder a la información que requiera en tanto su acción no conlleve la realización de encuestas o propaganda electoral, consultando, por ejemplo, publicaciones anteriores, estándole vedado difundirlas por los medios de comunicación social, en orden a los fines perseguidos por la regulación electoral, conforme se consideró anteriormente, denotándose que no se restringe el derecho a la libre emisión del pensamiento. En tal sentido, no existe conculcación al referido artículo 35 de la Constitución”.

¿Y dónde queda el derecho de acceso a la información? ¿Habrá considerado la C.C. que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho de libre acceso a la información ya es un derecho humano fundamental nuevo, tal como lo declaró en los Casos Claude Reyes (Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas) y Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia (Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)? En estos casos “ya no se refirió a la formulación clásica del artículo 13 de la Convención Americana (en términos de la libertad de expresión) y sostuvo más bien la existencia de un nuevo derecho humano.” (Eduardo Bertoni y Carlos J. Zelada, Comentario al Artículo 13, en Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner / Patricia Uribe, editores, Konrad Adenauer Stiftung, 2013, página 329).

.
.