Home > Columnas > Negar información electoral

Negar información electoral

///
Comments are Off

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto número 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, reformada por Decreto 16-2016 del Congreso de la República contiene dos disposiciones que considero inconstitucionales: el inciso c) de su artículo 223: “Las encuestas electorales no podrán ser publicadas por ninguna entidad o empresa durante los quince días previos al de las elecciones y durante los quince días antes de la segunda elección presidencial, si ésta tuviera lugar de acuerdo a esta Ley” y el artículo 223 Ter, cuya parte conducente dice: “En ningún caso podrán publicarse estudios de opinión, dentro de los quince días previos de la elección”.

.

En Opinión Consultiva del 15.02.2016 (Expediente 4528-2015) la C.C. apoyó esta prohibición afirmando que el propósito de la prohibición “es impedir que datos o informaciones de último momento influyan indebidamente en la decisión del elector, el que ha de contar con un periodo razonable para reflexionar sobre el sentido de su voto. En todo caso, se entiende que la publicación de mérito quedaría vedada igualmente el día de la votación, aunque la reforma no lo indique expresamente, pues de otro modo no se cumpliría el fin que la prohibición persigue.”  En sentencia de 27.01.2009 (Expediente 1084-2007), defendió la misma prohibición –que entonces solo duraba 36—afirmando: “que si bien la norma impugnada prohíbe realizar encuestas o difundir campaña electoral en un período de tiempo determinado, ello no restringe el derecho de la persona de acceder a las fuentes de información, conforme al artículo 35 constitucional. En ese orden de ideas, el interesado podrá acceder a la información que requiera en tanto su acción no conlleve la realización de encuestas o propaganda electoral, consultando, por ejemplo, publicaciones anteriores, estándole vedado difundirlas por los medios de comunicación social, en orden a los fines perseguidos por la regulación electoral, conforme se consideró anteriormente, denotándose que no se restringe el derecho a la libre emisión del pensamiento. En tal sentido, no existe conculcación al referido artículo 35 de la Constitución”. ¿Dónde queda, entonces, la libertad de acceso a la información?

.
.