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El misterioso atentado del Barrio El Gallito

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RAUL FALLA

La Fiscalía de Derechos Humamos del Ministerio Público, es la entidad encargada de la investigación de los hechos relacionados con el enfrentamiento armado que se vivió en el país.  Es el brazo de ataque judicial que utilizan los ex subversivos para perseguir de forma ilegítima a nuestros veteranos de guerra, quienes a costa de su vida y con la ley en la mano, defendieron la institucionalidad del país, del ataque que un puñado de cobardes llevó a cabo para tomar por la fuerza el control del Estado.

Es la responsable de la creación de las farsas judiciales conocidas como Genocidio, Sepur Zarco, Dos Erres, Molina Theissen, Creompaz, entre otras; así como, de gestionar grandes sumas de dinero en concepto de resarcimientos a favor de entidades que lucran con el conflicto tales como el Grupo de Apoyo Mutuo, la Fundación Myrna Mack, CALDH y otras, que han utilizado esta clase de juicios para beneficiarse económicamente del producto de nuestros impuestos.

En un inicio esta unidad operó bajo las ordenes de Orlando Salvador López, un ebrio consuetudinario, golpeador de mujeres, consignado por disparar a elementos de la Policía Nacional Civil y que hoy se encuentra vinculado a un proceso penal sindicado del delito de homicidio, al haber atentado de forma cobarde en contra de la vida e integridad del señor Elmer Leonel Aldana Pesquera en el municipio de Teculután, hecho que fue denunciado por la Fundación Contra el Terrorismo para que el caso no quedara impune.

La reclusión preventiva de este cafre trajo como consecuencia la designación de la fiscal Sonia Elizabeth Montes Valenzuela de Lujan, una fiscal íntimamente ligada a ex guerrilleros, cuyo único mérito palpable es lograr su propia victimización por los casos que lleva, para de esa forma obtener protagonismo y consecuentemente vehículo oficial y elementos de seguridad para ella y su familia.

Ese protagonismo y la necesidad de llamar la atención, fueron aprovechados por la fiscal Sonia Montes, quien difundió recientemente ante los medios de comunicación, la falsa noticia de que el día quince de febrero del año en curso, a eso de las siete de la mañana cuando se dirigía de su casa en la Reformita hacia su lugar de trabajo en el MP, ella y su piloto fueron blanco de un ataque por hombres fuertemente armados sobre la 15 calle entre segunda y tercera avenidas de la zona uno, donde se refugiaron para proteger su integridad ¡Lo cual, es falso!.

Es falso, pues al presentarse el Fiscal Regional Stuardo Enrique Campo Aguilar a la supuesta escena del crimen, pudo constatar de forma personal que en dicho lugar no había un solo indicio que determinara lo narrado por la fiscal, hecho que obligó al fiscal Campo Aguilar a tomar su vehículo personal y dirigirse en busca del lugar exacto donde se efectúo el atentado. Para ello, requirió el auxilio de un agente de la Policía Municipal de Transito, quien lo guió hasta el interior el barrio el Gallito en la zona tres de la ciudad capital, lugar donde para sorpresa del fiscal Campo, encontró la verdadera escena del crimen, así como el resguardo policial de más de veinte casquillos de proyectil de arma de fuego.

De inmediato el Fiscal Regional se contactó con la Secretaria General del Ministerio Público licenciada Mayra Véliz López, quien le giró instrucciones para que ocultara a los medios de comunicación el lugar exacto de la escena del crimen, ordenando victimizar a la fiscal Sonia Montes, construyendo como primera línea de investigación que el atentado en su contra habría sido planificado por el señor Ricardo Méndez Ruiz y los demás miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), además le exigió relevar de la investigación a la unidad de operadores de justicia, para entregar el caso a la agencia fiscal número 7 de delitos contra la vida, fiscalía alineada a Véliz.

Francamente las instrucciones ilegales emitidas por la Secretaria General no me extrañan, pues es de conocimiento general que tanto la Fiscal General como la señora Véliz López, han pretendido callar de distintas maneras las gestiones que la FCT realiza en defensa de la soberanía del país, de nuestros veteranos guerra y del estado de derecho vilipendiado por el Ministerio Público y la CICIG.

Sin embargo, rechazo la burda acusación que pretende criminalizar a los miembros de la FCT en este crimen, recordándole a las autoridades del MP que ya no estamos en la época de los montajes judiciales que se fabricaron en los casos: Mirna Mack, Gerardi, Pavo Real, Hugo Arce, Valdés Paiz, entre otros, donde fueron condenadas personas inocentes.

Ante ello, exijo a las autoridades del Ministerio Público que den a conocer la veracidad de los hechos relacionados con al atentado que sufrió la fiscal, en especial que hagan del conocimiento público el lugar exacto donde se cometió el mismo y que expliquen el motivo por el cual la jefa de la fiscalía de derechos humanos se encontraba a las siete de la mañana en el interior del barrio el Gallito, un sector ampliamente conocido por las transacciones de droga entre cárteles del narcotráfico. Pues, en caso contrario, es decir que no informen a la población sobre lo ocurrido ese día, quedará demostrado una vez más como el Ministerio Público manipula a su sabor y antojo los casos que investiga.

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