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Consulta popular por diferendo territorial con Belice: Fraude de Q 300 millones

Luego de 159 años de firmado el tratado Aycinena – Wyke, mediante el cual Guatemala le cedía el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún a Gran Bretaña, a cambio de crear una comunicación más fácil entre la costa del océano Atlántico, cerca del Establecimiento de Belice, con la capital de Guatemala; y de un gran esfuerzo diplomático –que también tuvo sus tropiezos-, finalmente se logró un consenso entre Belice y Guatemala para resolver el diferendo territorial.

Finalmente Belice cedió en su histórica resistencia por resolver un diferendo territorial insular y marítimo, que lleva más de un siglo y medio. Los constantes intentos por resolver que ha tenido el Estado de Guatemala, pasan incluso por reconocer la independencia de Belice en el año 1981, condicionado a resolver ese conflicto. De igual forma sucedió con su calidad de Estado.

La propia Constitución Política de la República contiene una disposición transitoria en la que faculta al Ejecutivo para resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto de Belice, mediante el cual se regula que “Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular”. Artículo que, además, reconoce a los beliceños como guatemaltecos de origen.

En el año 2015, Guatemala y Belice suscribieron un acuerdo para llevar el diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, para tal efecto ambos países deben someter dicha decisión a consulta popular. Inicialmente esas consultas se iban a dar de forma paralela en ambos países; una negligencia impidió que fuera así. Luego de cuatro cambios de fecha, finalmente la misma se realizará el 15 de abril.

Las consultas populares están previstas, constitucionalmente, para las decisiones políticas de especial trascendencia, lo cual se somete al escrutinio de todos los ciudadanos, como una medida democrática directa. El Tribunal Supremo Electoral fijará con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos.

Esta consulta costará a los guatemaltecos 300 millones de quetzales, aproximadamente. Sin embargo, a la fecha, 44 días para la misma, persiste una sensación de incertidumbre. La logística para la misma aún no está preparada. Con todo el presupuesto destinado, se esperaría que para la fecha existiera una campaña esforzada para informas a los guatemaltecos cuáles son los alcances de la decisión que se tomará respecto del diferendo territorial. Además, qué sucedería en el eventual caso que la población guatemalteca diga que sí y que en Belice el resultado sea negativo.

Existe incertidumbre, en virtud que se desconoce cuál será la fecha en que Belice realice la consulta. La vinculación de la consulta que se realice en el vecino país, en virtud de las reformas constitucionales que requieren de una mayoría distinta a la que se requiere en Guatemala.

El gasto que se realiza para la consulta popular es exorbitante, tomando en consideración las necesidades del país en asuntos básicos. Y sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a cargo de la misma, no ha invertido en una campaña de información que haga que los guatemaltecos tomen una decisión seria e informada.

Hemos visto como los funcionarios han dilapidado el dinero, como resulta del Caso TCQ y el Caso Transurbano. Aun así, vamos a permitir que se ejecuten 300 millones de quetzales en una consulta popular en la que el guatemalteco no tiene claro el propósito. En la consulta no solo se decide llevar el caso la Corte Internacional de Justicia.

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