El Siglo

La justicia empieza en casa

La frase “la justicia empieza por casa” se refiere a que clamamos justicia por circunstancias que suceden a lo externo de nuestros hogares, pero dejamos de ver aquellas que cometemos en nuestra propia casa.

Es decir, cuando se predica, pero no se convierte, se carece de solvencia moral para reclamar, porque en lo personal no somos congruentes con nuestros actos.

Sin embargo, cuando en el ámbito personal existe esa incongruencia, no hay mayor repercusión, salvo el reproche de personas cercanas, pero cuando esa incoherencia viene de la institución encargada de aplicar justicia, se convierte en la más grave y dolorosa ironía, porque con sus actos internos contradice su función de respetar y garantizar derechos fundamentales.

El poder judicial aplica justicia entre otros ámbitos, en lo constitucional, para proteger a las personas por amenazas y violaciones a sus derechos humanos. Pese a desempeñar tan importante función en procura de la paz y armonía social, algunas autoridades no respetan ni garantizan los derechos humanos a sus empleados.

Se dan casos de que pese a conocer actos violatorios, en lugar de corregir estas acciones, con su omisión las consienten e incluso las apoyan o promueven. Un ejemplo es el trato discriminatorio contra empleados que sufren enfermedades graves y/o crónicas, ya que el Poder Judicial, como patrono, los estigmatiza al considerarlos improductivos debido a que deben ausentarse para atender su salud con tratamientos o terapias de larga duración.

Es decir, no hay diferencia entre el Organismo Judicial (OJ) y aquellas malas empresas a las que juzga, porque inhumanamente se les olvida que una enfermedad grave, pero especialmente una crónica, no tiene fecha de caducidad, ya que sus afecciones son de larga duración y progresan.

El OJ da un mal ejemplo, no protege al trabajador con enfermedad grave y/o crónica, pues aunque conozca el diagnóstico, no les otorga un trato diferenciado al no pagar licencia con goce de salario mayor a dos meses, antepone su interés económico sobre el derecho a la salud porque en su desvarío estima que el trabajador se hace el enfermo y abusa de ese derecho, por lo tanto niega el beneficio con base al artículo 10, inciso b del Acuerdo 410 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), efectuando una interpretación nociva a los intereses del empleado, con lo que contribuye a su marginación.

Muchas autoridades y jueces, sabiendo que el OJ es permisivo a este tipo de atropellos, y pese a no ser de materia disciplinaria, promueven quejas ante la Supervisión General de Tribunales (SGT) para que investigue los motivos de la suspensión de labores de empleados con enfermedades crónicas. Además, con dicha conducta las autoridades competentes desconocen que las historias clínicas son confidenciales, reservadas para pacientes y médicos implicados, por contener información que afecta la vida privada.

Sin embargo, contra toda lógica y aunque parezca increíble, la Junta de Disciplina Judicial o el Régimen Disciplinario no las rechaza in limine, sino que de forma vergonzosa y humillante las manda a investigar.  La SGT, sin tener la competencia, incluso se atreve a recomendar el traslado de los supuestos “infractores” por las suspensiones del IGSS, manifestando que esas ausencias laborales inciden en el buen funcionamiento de las dependencias donde prestan sus servicios, hechos con los cuales se convierten en autores de faltas y delitos, sino además lesionan grave e irreparablemente el derecho a la intimidad y de imagen y con ello la dignidad personal del empleado.

Se evidencia la intolerancia que existe en la casa de la justicia, porque esos actos discriminatorios devienen de quienes tienen en sus manos la justicia, institución que debe ser coherente con la función encomendada de gobernarla, y que por esa razón está obligada a garantizar a todos, incluidos sus empleados, los derechos humanos contemplados en la Constitución.

Lamentablemente y en la propia casa de la justicia, se vulneran derechos fundamentales y la dignidad de estos empleados con enfermedades graves y crónicas.  Actualmente no se observa a un Organismo Judicial comprometido a luchar contra la discriminación laboral por motivos de salud, al no predicar con el ejemplo y promover de oficio mejores condiciones laborales para este grupo, pero fundamentalmente sancionando a los abusadores, con lo cual se cercena toda esperanza de justicia de aquellos usuarios de igual condición.

Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben cumplir su deber jurídico de denunciar a los transgresores a lo interno y a lo externo, porque su inacción no sólo afecta a sus empleados, es necesario sentar precedentes para que exista la convicción por parte de este conglomerado social, que este tipo de injusticias cesará para todos.

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